Delincuencia. La percepción ciudadana coincide con el aumento de denuncias y extorsiones. En tanto, disminuyeron los recursos destinados a orden público y seguridad.
Los recientes hechos de violencia registrados en distintos puntos de La Libertad volvieron a poner en evidencia la gravedad de la inseguridad en la región. Este problema también se refleja en la percepción ciudadana: 7 de cada 10 liberteños considera que la delincuencia es uno de los principales problemas del país. A pocos días de las elecciones regionales y municipales de octubre, es urgente evaluar si los candidatos presentan medidas viables para enfrentarla desde sus competencias.
Aumentan las denuncias y los casos de extorsión
Entre 2020 y 2025, la tasa de denuncias totales en La Libertad aumentó de 1,805 a 2,852 por cada 100 mil habitantes, según el Ministerio Público. Entre ellas, las denuncias por extorsión fueron las que más se incrementaron, quintuplicando el nivel de 2019. Al 2026, entre enero y julio, La Libertad registró 76 denuncias por extorsión por cada 100 mil habitantes, la segunda tasa más alta del país, después de Tumbes (116). Más del 60 % de estos casos se concentró en Trujillo, Chepén y El Porvenir.
Minería ilegal y operaciones sospechosas
La mayor inseguridad ocurre en un contexto marcado por la expansión de la minería ilegal. En 2025, La Libertad registró 19 denuncias por este delito por cada 100 mil habitantes, casi tres veces el nivel de 2020 y más del doble del promedio nacional (8).
Asimismo, desde 2012 se han reportado más de 700 operaciones financieras sospechosas vinculadas a esta actividad —la cuarta cifra más alta del país— por un monto acumulado de S/ 1,313 millones, según la Unidad de Inteligencia Financiera de la SBS.
Menos recursos para orden público y seguridad
Pese al agravamiento de la inseguridad, los recursos destinados a enfrentarla se han reducido. En 2026, el presupuesto asignado a la región para orden público y seguridad disminuyó por segundo año consecutivo: cayó 20,9 % en términos reales —descontando la inflación— hasta S/ 893 millones en 2026.
A la menor disponibilidad de recursos se suman las sucesivas prórrogas del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo). Aunque fue creado para facilitar el tránsito a la formalidad, no cumplió su objetivo y, en la práctica, ha permitido que algunos operadores continúen actividades ilegales sin enfrentar responsabilidad penal. Según el Ministerio de Energía y Minas, tras la depuración del registro hecha en 2025, 432 inscritos en La Libertad se encuentran suspendidos, equivalentes al 14,8 % del total regional.
El papel de los gobiernos subnacionales
Ante este escenario, los gobiernos subnacionales cumplen un papel relevante dentro de sus competencias. Las municipalidades pueden fortalecer el serenazgo, identificar zonas de riesgo y coordinar operaciones con la Policía; mientras que el Gobierno Regional puede articular intervenciones, ejecutar inversiones en seguridad y reforzar las acciones de prevención, señalan desde el Instituto Peruano de Economía (IPE).
Además, le corresponde fiscalizar a la pequeña minería y la minería artesanal. De cara a las elecciones de octubre, será importante evaluar si los candidatos plantean medidas viables, acordes con estas responsabilidades, y si cuentan con capacidad para ejecutarlas.
Vía: Instituto Peruano de Economía (IPE)
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