Cajamarca. Además, entre 2020 y 2025, estas denuncias se multiplicaron por veintinueve en los distritos de Sorochuco y Hualgayoc.
Fuente: Instituto Peruano de Economía (IPE).
Recientemente, diez distritos de Cajamarca fueron declarados en estado de emergencia ante el avance de la minería ilegal y la criminalidad.
En los últimos doce meses, la región registró 270 denuncias por minería ilegal, la tercera cifra más alta del país, solo por debajo de Madre de Dios (899) y La Libertad (282). En este contexto, las elecciones regionales y municipales de octubre definirán a las autoridades responsables de enfrentar esta problemática durante los próximos cuatro años.
Denuncias se multiplicaron por siete
La incidencia de la minería ilegal ha aumentado significativamente en los últimos años. Entre 2020 y 2025, las denuncias por minería ilegal se multiplicaron por siete en Cajamarca. El incremento fue mayor en Sorochuco y Hualgayoc, donde pasaron de 3 a 87 casos, es decir, se multiplicaron por 29. Ambos distritos, actualmente en estado de emergencia, concentraron el 41.8 % de las denuncias regionales en 2025.
En 2026, el presupuesto público nacional destinado a combatir esta actividad aumentó 25.5 % frente a 2025 y 40.0 % respecto de 2019, ajustado por inflación. En Cajamarca, sin embargo, entre enero y julio se registraron 153 denuncias, equivalentes a 10.1 por cada 100 mil habitantes: la quinta tasa más alta del país y casi el doble que el promedio nacional (5.5).
Aumenta la violencia y la inseguridad
Este escenario coincide con un aumento de la violencia y la inseguridad percibida. Entre agosto de 2025 y julio de 2026, la tasa de homicidios se elevó a 29.5 por cada 100 mil habitantes, más del doble que en 2020 (14.1). Asimismo, el 38 % de los cajamarquinos consideraba la delincuencia uno de los principales problemas del país y siete de cada diez creían que podían ser víctimas de algún delito.

El avance de esta actividad también se evidencia en movimientos del sistema financiero. Entre 2019 y 2025, los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) relacionados con la minería ilegal, remitidos por bancos y cajas a la SBS, se multiplicaron por diez a nivel nacional, al pasar de 175 a más de 1,600. En Cajamarca, aumentaron de cero a 13, con un monto involucrado de US$5.4 millones.
Limitaciones en la formalización minera
A ello se suman las limitaciones del proceso de formalización. El Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), creado como un mecanismo transitorio, ha sido prorrogado sucesivamente sin que todos sus inscritos culminen el proceso. Según el Minem, el 22.4 % de los mineros inscritos en Cajamarca se encuentra suspendido, proporción superior al promedio nacional (21 %).
Frente a este escenario, el próximo Gobierno Regional de Cajamarca deberá reforzar la fiscalización ambiental y de seguridad de la pequeña minería y la minería artesanal, identificar operaciones ilegales y proporcionar información para apoyar en las acciones de interdicción, señalan desde el Instituto Peruano de Economía (IPE).
Asimismo, deberá liderar el Comité Regional de Seguridad Ciudadana y articular con la Policía Nacional, el Ministerio Público, el Ministerio de Energía y Minas y los gobiernos locales una respuesta sostenida, especialmente en zonas afectadas como Sorochuco y Hualgayoc.
Vía: IPE
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