Cuajone. Como parte de su reclamo, comuneros dejaron sin agua por casi dos meses a cerca de 5,000 trabajadores y sus familias. Reclaman resarcimiento por tierras que opera la mina desde hace 30 años. Piden US$ 5,000 millones.
La noche del jueves, la comunidad campesina de Tumilaca, Pocata, Coscore y Tala acordó devolver el reservorio Viña Blanca, luego de casi dos meses, a la mina Cuajone (Moquegua) y permitir que cerca de 5,000 trabajadores y sus familias volvieran a tener agua.
LEE: Gestión oportuna de reclamos sociales evitaría la generación de conflictos, afirma CCL
Dicha tregua fue producto de un acercamiento y negociación entre autoridades del Gobierno y el dirigente comunal Iván Mendoza, quien junto con su presidenta Dionilde Flores Calizaya, lideraron las acciones contra la mina.
Estos dos personajes, que impulsaron tal paralización en el sur del país ocasionando pérdidas económicas, tienen vinculaciones políticas, según informó Perú21.
Militancia y paralización en Cuajone
El perfil político de Mendoza hace dirigir la mirada a Acción Popular. Ella se unió al partido de la lampa el 5 de enero de este año y aunque no figura como dirigente de comités provinciales o distritales, sí es miembro activo del partido de la agrupación y tiene experiencia previa en otra fuerza política, pues también fue militante del Partido Nacionalista Peruano, con fecha de filiación que va del 14 de mayo de 2014 al 7 de septiembre de 2021, indicó el diario.
Además, figura como “persona natural con negocio”, cuya actividad es alquiler y arrendamiento de vehículos automotores, según la Sunat.
En el caso de Dionilde Flores, ella pertenece a Juntos por el Perú, partido que incluyó a la hoy presidenta comunal como miembro del padrón de afiliados el 1 de abril de 2011, según detalló el matutino.
Actualmente, Flores figura como afiliada a dicha organización, según el Registro de Organizaciones Políticas.
Lo que dice Dionilde Flores
Perú 21 logró contactar a Dionilde Flores el jueves 21 de abril en su domicilio, una casa de tres pisos de cemento que resaltaba notoriamente frente a las viviendas de sus vecinos, ubicada en la localidad de Tumilaca, del distrito de Torata, en la provincia moqueguana de Mariscal Nieto.
Cuando Flores fue consultada sobre su filiación política dijo: “Si yo buscara intenciones políticas, estaría en los medios mañana tarde y noche, pero personalmente no me agrada ni soy de participar en la política”.
Una vez más se le preguntó si se ha inscrito en Juntos por el Perú, y respondió: “Bueno, tal vez me haya inscrito. No recuerdo (…). Tal vez me han pedido una firma, pero como ven, yo no salgo en los medios, no me gusta participar mucho. Yo me dedico a lo que es mi trabajo”.
Luego de su respuesta, Perú 21 le consultó a la presidenta de la comunidad a qué actividad laboral se dedicaba, pero ella prefirió no abordar el tema. “Es algo personal”, dijo y aseguró que este año culminará su periodo como presidenta.
No obstante, Perú21 dijo haber corroborado que Dionilde Flores figura como representante legal y gerenta general de Apirkar S.A.C., según datos de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat)
Apirkar
Apirkar inició sus actividades el 1 de abril de 2018 y presenta como principal actividad económica los servicios vinculados “al transporte terrestre”, mientras que como actividad secundaria consigna el “alquiler y arrendamiento de vehículos automotores”.
El domicilio fiscal de dicha empresa se encuentra en El Molino, Tumilca, la misma donde Perú 21 entrevistó a Flores.
En el perfil de Facebook de Apirkar, su dueña la presenta como una empresa que “se dedica al alquiler de vehículos para transporte de personal (línea blanca) y a las construcciones y consultorías de obras civiles”. Además, en la misma página se consigna como número de contacto el teléfono móvil de Flores y se menciona que la compañía pertenece a la comunidad de Tumilaca-Pocata-Coscore-Tala, aunque ello no figura así en la Sunat, mencionó el matutino.
Llama la atención que la comunidad que Flores preside cuente además con otra empresa, cuyas actividades se iniciaron formalmente el 6 de marzo de 2020. Se trata de la Empresa Comunal de Servicios Tumilaca-Pocata-Coscore-Tala-Ecoser TPCT, cuyo domicilio fiscal coincide con el de Apirkar, es decir el de Dionilde Flores.
Como actividad principal consigna el “alquiler y arrendamiento de otros tipos de maquinaria, equipo y bienes tangibles” y como actividad secundaria “transporte de carga por carretera”.
Esta última empresa, además, tiene como representante legal al expresidente de la comunidad campesina Rubén Centeno Soto, y cuenta con una flota de 17 camionetas Toyota Hilux, agregó el diario.
Estas últimas fueron producto de un acuerdo en el marco del proyecto Quellaveco, de Anglo American, lo cual le permitió a dicha firma comunal ser proveedora de la minera.
LEE: Advierten que el 20 % de la producción de cobre está en riesgo por conflictos sociales
La demanda a Cuajone
El bloqueo de la línea férrea que permite transportar los minerales de Cuajone y la toma del reservorio fueron medidas que la comunidad adoptó para reclamar la supuesta propiedad que dice tener sobre parte de las tierras donde se desarrolla la operación minera, incluyendo el área donde está el reservorio.
La comunidad exigió a Southern el pago de US$ 5,000 millones y del 5 % de las utilidades para resarcir ese supuesto uso de sus tierras. ¿Cómo se explica esto?
Flores aseguró a Perú21 que todo se resume a que la comunidad estaría exigiendo el pago de los US$5,000 millones por el uso del territorio durante todos los años de la operación de la mina, es decir, desde la década de 1970.
Vía: Perú 21
LEE: Estos tres proyectos mineros son los más importantes para el PBI peruano en 2022
LEE: Consideran pésima la gestión del gobierno frente a los conflictos sociales
