Comisión de Presupuesto desestima otorgar facultades al Ejecutivo en materia fiscal

Comisión de Presupuesto desestima otorgar facultades al Ejecutivo en materia fiscal
Foto: internet

Grupo aprueba por mayoría informe que recomienda negar la entrega de las facultades solicitadas por el Gobierno. Mientras, la Comisión de Constitución alista su pronunciamiento.

El Poder Ejecutivo no podrá legislar (mediante Decretos de Urgencia) en materia de calidad de la inversión pública y equilibrio fiscal. Así quedó establecido luego que la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República del Congreso, aprobara por mayoría un informe que recomienda desestimar el pedido de facultades solicitados por el gobierno a principios de mayo último.

En tanto que la Comisión de Constitución del Parlamento analizará hoy la solicitud del Ejecutivo para que se le permita legislar, específicamente, en materia de simplificación y calidad regulatoria, actividad empresarial del estado, seguridad ciudadana y defensa nacional.

El secretario de la Comisión de Presupuesto, Arturo Alegría García (FP), explicó que la decisión adoptada de rechazar el pedido del Ejecutivo, se debe a que los temas relacionados con la calidad de la inversión pública y equilibrio fiscal, son temas propios de las leyes de Presupuesto, Equilibrio Financiero, de Endeudamiento y Cuenta General de la República

 “A fin de lograr una mayor transparencia de un debate tan trascendental para los destinos del país es que planteamos al Poder Ejecutivo la opción de proponer la mejora de la calidad de inversión pública y equilibrio fiscal bajo los respectivos parámetros legales que pueden ser debatidos en el pleno del Parlamento nacional”.

LAS FACULTADES

A principios del mes pasado, el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, presentó al Congreso el Proyecto de Ley 7752/2023-PE norma “que delega en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia de reactivación económica y formalización, simplificación y calidad regulatoria, actividad empresarial del Estado, seguridad ciudadana y defensa nacional”.

La solicitud cuenta ya con un informe favorable aprobado por la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera el primero de junio último, el mismo que fue aprobado por 12 votos a favor, 3 en contra y 3 abstenciones.

Pero ¿en qué consiste el pedido de facultades del Ejecutivo? Mediante su solicitud el gobierno proyecta legislar en varias materias. A continuación, algunas de ellas:

ECONOMÍA

-Fortalecimiento, simplificación y calidad regulatoria de inversión pública, privada y gestión de servicios públicos.

– Crear un régimen simplificado del impuesto a la renta para empresas de menor tamaño, denominado Régimen Emprendedor que incluirá la declaración de los ingresos y egresos acumulados del mes, a fin de determinar el pago a cuenta, regularizando el monto final en diciembre.

-Establecer un mecanismo de recaudación del Impuesto General a las Ventas (IGV) por aquellas operaciones realizadas con proveedores o intermediarios de bienes y servicios no domiciliados en el marco de la economía digital y adaptar la regulación del impuesto, así como demás normativa tributaria, en lo que corresponda.

-Modificar las reglas de responsabilidad del IGV, incluyendo las reglas de habitualidad, y las reglas sobre el lugar de imposición en el país, conforme con el principio de destino, siguiendo entre otros criterios las recomendaciones establecidas por la OCDE.

-Incorporar dentro del ámbito de aplicación del Impuesto Selectivo a Consumo a los juegos a distancia y apuestas deportivas a distancia.

– Establecer medidas para agilizar la reactivación de obras públicas paralizadas mediante la modificación de la Ley N° 31589, Ley que garantiza la reactivación de obras públicas paralizadas, a fin de optimizar sus disposiciones.

-Facultar a las entidades a utilizar un Procedimiento Especial de Selección para contratar el saldo de obra y los servicios necesarios para la identificación y priorización de obras públicas paralizadas.

-Simplificar los procedimientos administrativos relacionados con las actividades productivas.

 -Generación sostenible de empleos formales a través de la aplicación del silencio administrativo positivo para promover la competitividad y el crecimiento sostenible.

-Modificar el Decreto Legislativo N° 1183, Decreto Legislativo que aprueba la ley que establece las competencias para la implementación y gestión de los Centros de Atención en Frontera, para establecer competencias que le permitan a la SUNAT crear, mejorar, ampliar y recuperar los Centros de Atención en Frontera (CAF).

-Establecer modificaciones al marco normativo referido a la evaluación de impacto ambiental de proyectos de inversión, con principal incidencia en la Ley N° 30327, Ley de Promoción de las Inversiones para el Crecimiento Económico y el Desarrollo Sostenible.

-Potenciar la masificación del gas natural mediante la creación de un mecanismo de compensación para el acceso descentralizado que nivele los precios finales para los usuarios regulados del servicio de distribución por red de ductos a nivel nacional.

SEGURIDAD

-Fortalecer el marco normativo en materia migratoria, con especial incidencia en el Decreto Legislativo N° 1350, Decreto Legislativo de Migraciones, a efectos de complementar las atribuciones en materia migratoria del Ministerio de Relaciones Exteriores, garantizando la seguridad jurídica y el acceso al procedimiento de regularización migratoria de las calidades migratorias bajo su competencia.

– Fortalecer la seguridad en el ámbito penitenciario incluyendo sanciones a los operadores de telefonía e Internet en el caso que se encuentre que algunas de sus líneas permiten la comunicación desde el interior de las cárceles y centros juveniles de diagnóstico y rehabilitación.

-Modificar la Ley N° 29807, Ley que crea el Consejo Nacional de Política Criminal (CONAPOC), con la finalidad de optimizar su funcionamiento en relación con la gestión de las políticas públicas que buscan comprender, prevenir, controlar, reducir y sancionar la criminalidad.

-Modificar los artículos 108, 108-C y 200 del Código Penal, aprobado por el Decreto Legislativo N° 635, con el fin de introducir circunstancias agravantes, en caso la víctima sea una persona defensora indígena.

-Modificar el Decreto Legislativo Nº 1348, que aprueba el Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes, a efectos de adoptar enfoques, mecanismos, medidas y recursos legales que optimicen la intervención y tratamiento de adolescentes en conflicto con la ley penal, además de establecer medidas para asegurar la efectiva y progresiva implementación del Código a nivel nacional.

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