Congreso aprueba ley que regulará servicios de taxis por aplicativo

La iniciativa propone crear un Registro Nacional con la relación de las empresas de taxi por aplicativo, a fin de garantizar los derechos y seguridad de los usuarios.
Foto referencial: Andina

La iniciativa propone crear un Registro Nacional con la relación de las empresas de taxi por aplicativo, a fin de garantizar los derechos y seguridad de los usuarios.

Te contamos que el pleno del Congreso de la República aprobó un proyecto de ley que regula a las empresas administradoras de plataformas tecnológicas que ofrecen el servicio de taxi por aplicativo.

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La iniciativa fue aprobada por mayoría (59 votos a favor y 14 abstenciones) y dispone crear en un plazo de 120 días desde su publicación, un Registro Nacional con la relación de las referidas empresas, a fin de garantizar los derechos y seguridad de los usuarios.

Precisiones

El Registro Nacional de Empresas Administradoras de Plataformas Tecnológicas de Intermediación del Servicio de Transporte Especial – Taxi por aplicativo estará a cargo del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

La información contenida en dicho registro estará disponible por internet en línea para el Ministerio del Interior (Mininter), el Ministerio de Justicia y el Indecopi.

Registro de empresas

Para el inicio de sus actividades comerciales, las empresas deberán registrarse ante el MTC. De omitirse ese registro, la empresa y su representante legal serán responsables administrativamente, se indica en la norma.

Infracciones para empresas

Se precisa además que en el reglamento que se emitirá en 90 días, el MTC establecerá los requisitos que garanticen los derechos y seguridad de los usuarios de las empresas, así como infracciones y sanciones para las compañías. Estas últimas no podrán usar los datos de los usuarios para otros fines.

El texto aprobado por el Congreso subraya que si las empresas brindan el servicio de Taxi por aplicativo por intermedio de operadores subordinados o asociados a dicha entidad, serán solidariamente responsables en lo administrativo ante la autoridad pública, sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales que correspondan a cada infractor y al representante legal de la empresa.

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