Congreso aprueba reglas para evitar que obras públicas se paren por medidas cautelares

Congreso aprueba reglas para evitar que obras públicas se paren por medidas cautelares
Foto referencial: Andina

Congreso aprueba autógrafa de ley para reactivar obras paralizadas a nivel nacional. Una de las novedades es que las empresas no podrán presentar demandas ante juzgados que no pertenezcan a su zona.

En la sesión del pleno del ­Congreso del jueves pasado se aprobó una autógrafa de ley con la que se busca reactivar las obras paralizadas a nivel nacional por más de S/ 5,666 millones.

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Una de las novedades de esta norma es que, además de tener un proceso para la reactivación de proyectos ­detenidos, pretende evitar que más obras públicas se paren por medidas cautelares ­presentadas por las empresas­ contratistas, indicó Gestión.

Para ello, se establecen ­reglas que los jueces y árbitros­ deben cumplir para admitir esas solicitudes.

En la iniciativa se precisan las reglas que se aplican cuando se presenta una medida cautelar respecto de los contratos de ejecución de obras públicas, tanto en vía judicial como arbitral.

Cabe indicar que la promulgación u observación de la autógrafa de ley aprobada por el Parlamento está en manos ahora del presidente Pedro Castillo.

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Detalles

La primera disposición es que el juez competente es el ­especializado en lo comercial o, en su defecto, en lo civil. Este debe estar ubicado en el ámbito del ­domicilio principal de la entidad pública que contrató los servicios.

Por ejemplo, una empresa que tiene un contrato en Huancayo no podrá presentar una medida cautelar en Lima, pues debe ­hacerlo en la misma ciudad donde se ubica la entidad que lo ­ contrató.

Si una autoridad judicial otorga una medida cautelar sin cumplir esta condición, ello ­ implicará causal de nulidad.

Una segunda regla señala que si una empresa quiere presentar una medida cautelar, también deberá presentar la denominada “contracautela”, la cual se acredita con una carta fianza emitida por una entidad financiera, de realización ­automática a favor de la entidad que la contrató, con una vigencia no menor a seis meses, debiendo renovarse por el tiempo que ­ dure el proceso judicial o arbitral.

Vía: Gestión

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