Defensoría sostiene que retiro de fondos de pensiones aumentará considerablemente el gasto público futuro de programas asistenciales como Pensión 65 o el SIS y eventualmente de EsSalud.
Mientras se espera el debate en el Pleno del Congreso del proyecto de ley que permitiría, por sexta vez, a todas las personas afiliadas al Sistema Privado de Pensiones retirar hasta S/ 18,400 soles (4 UIT) de sus fondos previsionales, la Defensoría del Pueblo advirtió que los constantes desembolsos de fondos desnaturalizan el Sistema Privado de Pensiones (SPP).
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“Reconocemos la necesidad de remediar la grave crisis económica y social generada por la pandemia, que viene impidiendo a un amplio sector de la población satisfacer sus necesidades básicas. Sin embargo, la ley promovida por el Congreso de la República no cumple con identificar claramente a estos sectores y, por el contrario, atenta contra el derecho a la pensión de millones de personas”, manifestó la Defensoría en un pronunciamiento.
“Desnaturaliza el sistema de seguridad social”
Agregó que la autorización de un nuevo retiro de fondos previsionales por parte de personas que todavía no cumplen con la edad de jubilación, desnaturaliza el sistema de seguridad social.
“La pensión de jubilación es expresión del derecho a la seguridad social, el cual obliga al Estado peruano a garantizar que las personas cuenten con ingresos seguros frente a contingencias como la vejez”, resaltó la Defensoría del Pueblo.
Recordó que según estimaciones consignadas en las observaciones realizadas por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP a diversos proyectos de ley, de alrededor de 8,2 millones de personas afiliadas al Sistema Privado de Pensiones, el 28.5 %, es decir unos 2.33 millones, ya no cuentan con saldos de ahorros previsionales.
“De acuerdo a las proyecciones realizadas, el nuevo retiro autorizado podría implicar que las personas afiliadas sin saldos de ahorros previsionales alcancen los 6.5 millones, es decir el 79 % de las personas afiliadas activas del sistema”, alertó.
“Por ello, es necesario señalar que el retiro de los fondos tendrá un impacto social que perjudicará a todos los miembros del sistema privado de pensiones, quienes se verán afectados por un menor desempeño del sistema y que además aumentará considerablemente el gasto público futuro de programas asistenciales como Pensión 65 o el Seguro Integral de Salud (SIS) y eventualmente del Seguro Social de Salud (EsSalud)”, refirió.
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Medidas para afrontar la crisis
La Defensoría del Pueblo consideró que en periodos de crisis como el actual, el Estado debe identificar con la mayor claridad posible a las personas o sectores de la población que requieren de una intervención excepcional para subsistir o evitar caer en la pobreza.
Sostuvo también que tiene que diseñar mecanismos adecuadamente dimensionados que no vulneren las garantías constitucionales como la seguridad social, así como las obligaciones del marco internacional de los derechos humanos que el Estado peruano ha asumido en esta materia.
“Por tales razones, la Defensoría del Pueblo considera que el Congreso de la República no debe insistir en la aprobación del dictamen del proyecto de ley que autoriza un sexto retiro de fondos del Sistema Privado de Pensiones. Más aún, si no está aprobado que dichos retiros beneficiarán a personas que realmente afrontan necesidades de ineludible cobertura. Concurrentemente, el proyecto de ley vulnera el derecho fundamental a la seguridad social que el Estado peruano se ha comprometido a garantizar y, por tanto, resulta manifiestamente inconstitucional”, finalizó.
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