Si bien el proyecto para el otorgamiento de facultades se encuentra pendiente de debate en el pleno del Congreso, es necesario detallar cuáles son aquellas materias específicas que el Ejecutivo proyecta regular.
La Comisión de Economía del Congreso aprobó hace algunos días el proyecto de Ley presentado por el gobierno de Dina Boluarte, para que se le otorguen facultades especiales a fin de poder legislar -por 90 días calendario- sobre reactivación económica e inversión pública.
Si bien el proyecto se encuentra pendiente de debate en el pleno del Congreso, es necesario detallar cuáles son aquellas materias específicas que el Ejecutivo proyecta regular mediante la emisión de decretos, claro está, una vez que se le delegue las facultades que está solicitando.
Materia tributaria
Así en materia tributaria, el Ejecutivo tiene proyectado legislar sobre la creación de un régimen simplificado del impuesto a la renta para empresas de menor tamaño (mypes). El objetivo es incentivar la declaración de costos y gastos por medio de sus deducciones, mediante el empleo de libros y registros contables electrónicos, además de comprobantes de pago electrónicos.
Para ello el Gobierno se propone modificar la Ley del nuevo Régimen Único Simplificado, suprimir el Régimen Especial del Impuesto a la Renta y el Régimen MYPE Tributario-RMT.
Sobre este punto, el Ejecutivo indica que el NRUS (régimen tributario creado para los pequeños comerciantes y productores) así como el RER (régimen Especial de Impuesto a la Renta) y el RMT (régimen especialmente creado para las micro y pequeñas empresas con el objetivo de promover su crecimiento) no han logrado sus objetivos de formalizar a los contribuyentes.
“Por el contrario, la existencia de varios regímenes tributarios los ha conllevado, en algunos casos, al enanismo fiscal o a que las empresas manipulen sus ingresos para no transitar de los regímenes simplificados al Régimen General del Impuesto a la Renta”, advierte el Ejecutivo en su proyecto de ley.
En ese sentido, se resalta la necesidad de crear un régimen simplificado para los contribuyentes de menor tamaño “que involucre menos costo de cumplimiento y, a la vez, que permita la determinación de la base imponible de manera simple”.
Se añade que, con ese objetivo, SUNAT proporcionará las herramientas que les permitan a dichas empresas llevar sus libros y registros contables de manera electrónica y la emisión de comprobantes de pago electrónico, “contemplando reglas anti elusivas que eviten la fragmentación de actividades e ingresos y estableciendo incentivos a la declaración de costos/gastos ”, indica el Ejecutivo en la exposición de motivos de su proyecto sobre delegación de facultades.
Más modificaciones
Por otro lado, el gobierno proyecta modificar el primer párrafo del artículo 26 de la Ley del Impuesto a la Renta sobre rentas por intereses presuntos y prorrogar la vigencia de las exoneraciones, previstas en el artículo 19 de la Ley del Impuesto a la Renta.
También en materia tributaria, se propone modificar el Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo, para considerar como exportación la venta de metal realizada por los productores mineros a favor de los fabricantes peruanos de joyería para que estos -a su vez- vendan sus productos en el exterior.
Asimismo, se legislará para flexibilizar de manera temporal las condiciones para calificar como establecimientos cuyas adquisiciones dan derecho la devolución del Impuesto General a las Ventas a favor de los turistas extranjeros, con el objetivo de reactivar el turismo en el país, además de otras disposiciones.
Pequeños emprendimientos
En esta materia se propone, entre otras medidas, crear el “Fondo concursable inclúyeme soy capaz: Emprendimientos con capital semilla”, cuya finalidad será fortalecer las capacidades emprendedoras de las personas con discapacidad, sus familiares y las organizaciones sociales de este grupo.
Como sustento de esta propuesta, el Ejecutivo precisa que en el país el 10.3% del total de la población nacional está constituido por personas con algún tipo de discapacidad. De ese total, solo el 42.9% de peruanos en edad de trabajar se encuentran ocupadas según datos del INEI al 2020.
Mientras que el 16.9% no cuentan con seguro de salud y el 65.3% alcanza como máximo un nivel de educación secundaria. Además se indica que la percepción del 61% de los peruanos es que las personas con discapacidad son discriminadas a lo cual se añade además la segregación por razones de género, étnica, cultural, económica, de accesibilidad y desplazamiento.
A través de la creación del fondo concursable para la estrategia “inclúyeme soy capaz” se contribuirá con la mejora de las iniciativas (emprendimientos) de por lo menos un millar de peruanos que padecen algún tipo de discapacidad, favoreciendo su independencia económica.
De igual manera, el gobierno intenta legislar para modificar las normas de descentralización fiscal y administrativa, con el objetivo de facilitar la inversión descentralizada; y en la creación de fondos concursables para la implementación de iniciativas de voluntariado dirigidas a las poblaciones vulnerables en zonas de conflicto social y crisis humanitarias en regiones priorizadas, entre otras medidas.
Gestión económica
En esta materia se propone establecer medidas especiales para facilitar y promover el desarrollo de los proyectos priorizados en el Plan Nacional de Infraestructura sostenible para la competitividad 2022-2025.
También se propone modificar el Decreto Legislativo 1362 que regula la Promoción de la Inversión Privada mediante Asociaciones Público- Privadas y Proyectos en Activos. Ello, con la finalidad de optimizar el procedimiento, evaluación y sustento de la capacidad presupuestal para el desarrollo de proyectos.
El Ejecutivo plantea también, modificar la Ley 29230 que impulsa la inversión pública regional y local con participación del sector privado, con la finalidad de establecer (de manera excepcional) una serie de reglas que permitan realizar variaciones a los convenios de inversión desarrollados bajo el procedimiento de Obras por Impuestos.
Inversión pública
De igual manera, el Gobierno se alista a legislar en el establecimiento de disposiciones especiales para facilitar la tramitación, evaluación o aprobación de procedimientos vinculados con licencias y autorizaciones en temas de habilitación urbana y certificación ambiental.
Y, también, para autorizar la ejecución de inversiones de optimización, ampliación marginal, reposición y rehabilitación (IOARR) con recursos del canon, sobrecanon, regalías mineras y FOCAM.
Contratación pública
En el caso que el Congreso le delegue al Ejecutivo las facultades especiales que está solicitando el gobierno, se modificará la Cuarta Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo 1444 que modifica la Ley de Contrataciones del Estado.
El objetivo de ese cambio es regular los alcances y requisitos de la modalidad “Contratación de Estado a Estado” para disponer -entre otras cosas- la obligatoriedad del control simultáneo por parte de la Contraloría General de la República.
De acuerdo con el Ejecutivo, dicha medida será empleada por los ministerios, sus organismos públicos adscritos, programas o proyectos “siempre que se trate de proyectos de alta sofisticación, envergadura y complejidad respecto de los cuales dichas entidades no tienen experticia o la especialización técnica necesaria para desarrollarla”.
También se proyecta autorizar el uso del “fondo de garantía” como medio alternativo para garantizar los contratos y las modificaciones contractuales relacionadas con la periodicidad y el pago de valorizaciones en los contratos vigentes de ejecución, además de otras disposiciones.
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