Gobierno buscaría poner límites a concentración de propiedad de los terrenos agrícolas

Gobierno buscaría poner límites a concentración de propiedad de los terrenos agrícolas
Foto referencial: Pexels

En su iniciativa, el Gobierno plantearía dar prioridad a las comunidades campesinas en los proyectos de irrigación, y que el Estado garantice la “democratización” de la agroindustria.

El Gobierno se dispondría a aprobar un proyecto de ley que regule la anunciada segunda reforma agraria que ofreció el presidente Pedro Castillo, pero que a la vez modificaría el esquema bajo el cual se desarrolla la inversión privada en el sector agroindustrial y agroexportador. Según expertos, ello llevaría a restringir esta actividad, supuestamente con el fin de favorecer a la pequeña agricultura, indicó Gestión.

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Según informó Gestión, la iniciativa y se encuentra en evaluación en el Consejo de Viceministros y se esperaría su aprobación en la sesión del Consejo de Ministros de hoy.

El diario señaló que, según el proyecto, la citada reforma apunta a cuatro objetivos: la formalización de la propiedad de la tierra; la gestión social del agua; mejores accesos a servicios para mejorar la productividad y competitividad; y acceso a mecanismos de financiamiento.

Para su implementación, el Gobierno propondría una reforma integral del Midagri, y destinarle, gradualmente, no menos del 5% del Presupuesto General.

Límite a la propiedad

En el tema de la propiedad de la tierra, el proyecto plantearía que para que el Estado promueva la seguridad jurídica sobre predios agrarios, regulará el límite de la tenencia de la tierra “para evitar la gran concentración y el acaparamiento de terrenos, y al mismo tiempo, evitar la atomización de predios rurales”.

Asimismo, determinaría que el Estado garantizará el proceso de saneamiento físico legal de predios antes de emitir actos administrativos susceptibles de afectar las tierras o territorios de comunidades campesinas y nativas.

En esa línea, refiere que, para la implementación de la segunda reforma agraria, se reconocerá tierras de propiedad del Estado, así como las pertenecientes a comunidades campesinas y nativas, predios colectivos de cooperativas, sociedades agrarias de interés social (SAIS) y tierras de propiedad privada, sea que están inscritas en Registros Públicos o cuenten con título de posesión susceptible de registrarse.

Señala también Que el Estado buscará el reconocimiento de los derechos a la titulación de tierras de los pueblos indígenas u originarios, andinos, amazónicos y afroperuanos, según Convenio 169 de OIT.

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Proyectos de irrigación

El proyecto establece que, como parte de la implementación de la mencionada reforma, el estado priorizará a las comunidades campesinas y nativas y organizaciones de productores agrarios de la agricultura familiar y comunitaria, en los proyectos de irrigación en tierras eriazas u otras adjudicaciones con fines agrarios.

Cabe recordar que, en la etapa final de cada 1 de los grandes proyectos de irrigación construidos, y que han permitido el desarrollo de la agroindustria y la agroexportación, los gobiernos regionales a cargo de la infraestructura, convocan a subasta la venta de tierras a irrigar, adjudicándola al mejor postor, además de la venta del agua que abastecen esos proyectos.

El exgobernador regional de Ica, Fernando Cillóniz, al conocer esta parte del proyecto de ley en mención, consideró que podría poner en riesgo el desarrollo por ejemplo del recién destrabado proyecto Majes Siguas II, pues con la venta de tierras y el agua que se tenía previsto, como se hizo con otros proyectos similares, se busca hacer sostenibles este tipo de proyectos y garantizar el retorno de la inversión.

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Agroindustria

Gestión informó que el proyecto legislativo que se prepara, introduce también un capítulo que lleva por título la “democratización de los mercados”, y que buscaría regular lo que considera monopolios, oligopolios, monopsonios, y oligopsonios del industria (agrícola) y el mercado.

Bajo este argumento, indica que el Estado garantiza la democratización de la agroindustria, y reprime toda práctica de abuso de posición de dominio y prácticas restrictivas a la libre competencia, en desmedro del abastecimiento (nacional) de insumos y de la venta (local) de la producción agraria.

También garantiza el uso de patentes, trazabilidad i denominación de origen para que no exista competencia desleal, el contrabando y el tráfico de los productos agrarios, biodiversidad y del material genético, protegiendo los recursos genéticos de especies nativas.

Vía: Gestión

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