Jorge Toyama, experto laboralista: Con decreto del Ejecutivo es posible que la informalidad crezca más

Jorge Toyama, experto laboralista: Con decreto del Ejecutivo es posible que la informalidad crezca más
Foto referencial: Andina

Decreto Supremo 014-2022-TR. Jorge Toyama, socio de la firma Vinatea & Toyama, advirtió que desde el Gobierno se ha emitido una norma de espaldas al diálogo social tripartito. “Se ha preferido caer en ilegalidad”, señaló.

El reciente Decreto Supremo 014-2022-TR del Poder Ejecutivo, que modifica diversos artículos del reglamento de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, viene generando preocupación, debido a las consecuencias económicas negativas que ocasionará al Perú.  

El portal PQS conversó con Jorge Toyama, socio de la firma Vinatea & Toyama, sobre el impacto negativo que la medida del Gobierno tendrá sobre el crecimiento económico, la formalización, la empresa privada y el ciudadano de a pie.

Recientemente el Gobierno aprobó el DS 014-2022-TR, un decreto supremo que ya se advierte empodera a los sindicatos y favorece las huelgas. ¿Cómo podría afectar esta medida al crecimiento económico en el corto y mediano plazo?

Efectivamente, se ha emitido una norma que tendrá un impacto negativo en las empresas privadas pues se regulan las relaciones colectivas de trabajo (derechos de sindicalización, negociación colectiva y huelga) de una manera desequilibrada y poco razonable.

La norma empodera excesivamente a los sindicatos (puede haber sindicato hasta de independientes y practicantes), se impone la negociación colectiva por rama de actividad (solo con la voluntad de los sindicatos) y, el derecho de huelga pasa a ser, prácticamente, absoluto (ningún empleador podrá reemplazar a un huelguista para evitar paralizar los servicios o la producción). Los casos irracionales como el de la huelga de controladores aéreos que afectó servicios esenciales para el ciudadano y también a las empresas turísticas que buscaban reactivarse, se podrán repetir y podrían ser moneda corriente.

Se ha emitido una norma de espaldas al diálogo social tripartito que siempre debería darse en normas tan relevantes y al cual el gobierno se había comprometido. Este solo hecho desmerece y deslegitima una norma tan importante. Adicionalmente, muchos artículos aprobados ya eran parte de la propuesta de Código del Trabajo que está en plena discusión en el Consejo Nacional del Trabajo (CNT) por parte de los sindicatos y los gremios de empleadores.

Se ha preferido caer en ilegalidad pues por una norma de menor jerarquía no puede regular aspectos que corresponden a una Ley. Finalmente, la norma introduce una rigidez excesiva en el sector formal de la economía, lo que va a impactar en una menor recuperación del empleo formal o en una destrucción de empleo formal y, por tanto, afectará el crecimiento económico.

¿Se está fomentando la informalidad en el mercado laboral con una medida de este tipo en lugar de promover la productividad y el empleo?

Así es. Lo venimos diciendo. La regulación laboral de este gobierno apunta a beneficiar a un pequeño grupo formal conformado por el 10% de la PEA, dejando de lado a la gran mayoría que no tiene ningún derecho laboral y que está en la más completa informalidad, especialmente jóvenes y mujeres vulnerables. En vez de dar medidas que apunten a recuperar los puestos de trabajo formales perdidos en la pandemia o a cuidar los empleos existentes o a incentivar la creación de nuevos empleos formales, se ha preferido nuevamente caer en la sobreregulación de las relaciones colectivas, afectando gravemente la formalidad. Con esta medida, es posible que la informalidad crezca más todavía.

¿Se avecinan conflictos laborales y huelgas con estas nuevas reglas sobre sindicatos, negociaciones colectivas y huelgas?

Así es. Lo que ocasionará la norma es, por el lado de los sindicatos, un mayor incentivo a presionar por aumentos remunerativos utilizando la norma que los incentiva a utilizar, en mayor medida, las huelgas para lograr sus objetivos. Por el lado de los empleadores, seguramente se originará medidas legales y judiciales para impedir que muchos de los artículos ilegales o inconstitucionales se apliquen. Lo que ha pasado con la tercerización, que fue una norma que se dio entre gallos y medianoche y sin diálogo social, también pasará con este decreto supremo, es decir, habrá una avalancha de acciones de amparo, acciones populares y hasta demandas en Indecopi por la falta de razonabilidad de las medidas. En la práctica, se elevará la conflictividad y nadie saldrá ganando.

¿Este decreto supremo puede ser objeto de una queja ante la OIT?

Efectivamente, los empleadores, que son parte de la OIT, pueden reiterar sus reclamos ante esta instancia evidenciando nuevamente la falta de diálogo social por parte del gobierno al dar normas de importancia en las relaciones laborales, de manera subrepticia, sin diálogo.

Recordemos que anteriormente ya la OIT emplazó al MTPE para no dejar de lado el diálogo social. Hoy vemos que, nuevamente, el MTPE ha dejado de lado el diálogo, sin ninguna explicación.

LEE: Creación de empleo formal se desalentará con los cambios a la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo

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