Limitan tercerización al sector privado, pero la promueven en el Estado

Limitan tercerización al sector privado, pero la promueven en el Estado
Foto referencial: Andina

Proyecto de ley de presupuesto plantearía volver a suspender durante todo el 2023 la prohibición de contratar locadores de servicios en las instituciones públicas (Estado), como se señala en norma aprobada por el Congreso.

Tal parece que por un lado, el Gobierno busca restringir en el sector privado la tercerización de actividades principales, pero por otro, ­promueve que este tipo de ­contratos se mantenga dentro de las instituciones públicas del Estado.

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A fines de febrero el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) emitió un decreto supremo por el cual se restringe la tercerización laboral en el sector privado, bajo el concepto de que se busca evitar la precarización del empleo formal en el país.

La aplicación de este decreto todavía se encuentra en discusión, pues el Poder Judicial viene resolviendo medidas cautelares para la inaplicación de la norma, mientras que en el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) fue declarada como barrera burocrática en primera instancia.

Sin embargo, la política laboral cambia cuando se ­aplica para los trabajadores del sector público, ya que desde el Gobierno se busca que las entidades estatales sigan contratando trabajadores ­bajo el esquema de locadores de servicios, también conocido como contratos por terceros, pese a que en el 2021 el ­ Congreso aprobó una ley para prohibir esta modalidad, indicó el diario Gestión.

Precarización laboral

El matutino refirió que el Gobierno encontró en la ley de presupuesto de este año el mecanismo para ­suspender por todo el 2022 la aplicación de la Ley 31298 que prohíbe contratar ­locadores de servicios en el ­ Estado. Es decir, actualmente las entidades públicas sí pueden contratar personal que solo gire recibos por honorarios, sin otorgarle a ese personal ningún beneficio laboral.

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Ahora, en el proyecto de ley de presupuesto público del año 2023, el Gobierno plantea nuevamente ­extender la suspensión de la ley mencionada. Con ello, todas las instituciones estatales quedarían autorizadas para seguir contratando ­empleados sin beneficios laborales durante todo el próximo año, agregó Gestión.

De acuerdo con Servir, esta modalidad de contrato es considerada como la que ­promueve la informalidad ­laboral dentro del Estado. Y es que estos trabajadores realizan labores de forma subordinada en una entidad pública y, a pesar de ello, no están ­registrados en planilla bajo ningún régimen laboral y, por tanto, no acceden a beneficio ­ aboral alguno (vacaciones, ­aguinaldos, compensación por tiempo de servicios, ­seguridad social en salud y ­ pensiones, entre otros).

Vía: Gestión

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