La metodología permitirá integrar la información técnica durante todo el ciclo de vida de los proyectos, detectar inconsistencias y anticipar riesgos en la ejecución de obras públicas.
El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) hizo obligatorio el uso de la metodología Building Information Modeling (BIM) en inversiones del Gobierno Nacional y de los gobiernos regionales correspondientes a 14 tipologías priorizadas.
La medida se aplica dentro del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones (SNPMGI) y busca integrar la información técnica durante todo el ciclo de vida de los proyectos.
BIM permitirá detectar inconsistencias desde etapas tempranas, anticipar riesgos y mejorar la trazabilidad de las decisiones, reduciendo las incertidumbres durante la ejecución de las obras públicas.
La obligatoriedad alcanza proyectos de riego, internet fijo, infraestructura cultural, educación superior, comisarías, defensas ribereñas y protección de quebradas, entre otros.
También comprende desembarcaderos pesqueros artesanales, proyectos de ciencia y tecnología, hospitales, carreteras departamentales y nacionales, además de sistemas integrados de transporte.
Para las inversiones que aún están en etapa de idea, BIM será obligatorio durante las fases de Formulación y Evaluación y Ejecución. Para los proyectos ya formulados, se incorporará desde el Expediente Técnico o documento equivalente.
El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) contempla una implementación diferenciada para proyectos de riego, comisarías y carreteras departamentales que ya estaban en formulación, facilitando una transición gradual.
Las entidades y empresas públicas deberán contar con un Plan de Implementación de BIM y adecuar sus procesos y capacidades para gestionar correctamente la información de cada inversión.
La medida forma parte del Plan BIM Perú, incluido en la Medida de Política 1.1 del Plan Nacional de Competitividad y Productividad 2024-2030, orientado a modernizar progresivamente la inversión pública.
El uso de BIM puede elevar la calidad y predictibilidad de las obras, generando mejores condiciones para la inversión privada al reducir riesgos, mejorar los expedientes técnicos y favorecer proyectos de infraestructura más eficientes.
Vía: MEF
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