Modificación a ley de relaciones colectivas de trabajo incrementará informalidad y evitará reactivación del empleo

Foto referencial: Andina

El Gobierno ha emitido un nuevo reglamento de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo. Ante esto, se identificó una serie de problemas que causará la medida.

El Gobierno ha emitido un nuevo reglamento de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo que empodera a las organizaciones sindicales, fortalece la negociación colectiva y promueve el derecho de huelga por encima de otros derechos.

Ante esto, se identificó tres tipos de problemas que causará el Decreto Supremo 014-2022-TR: a) De legitimidad b) De fondo c) De falta visión sobre nuestra actual situación laboral.

  • En cuanto a la legitimidad:

    • El reglamento se ha dado fuera del diálogo social, a pesar de que el Consejo Nacional del Trabajo (CNT) está en pleno funcionamiento y se trata de una norma muy relevante para las relaciones laborales. Inexplicable no dialogar.

    • Varias modificaciones requerían de una ley. Es inexplicable que estando en debate el Proyecto de Código del Trabajo en el CNT se haya preferido sacarle la vuelta por Decreto Supremo.  Varios artículos de este Reglamento se han tomado del Proyecto de Código de Trabajo.

    • Hay artículos del reglamento son contrarios a las normas de la OIT. Por ejemplo, se ha establecido que, si no hay acuerdo sobre una negociación colectiva, solo el sindicato puede ir a un arbitraje.  Las empresas no tienen opción para acudir a un arbitraje.

    • El reglamento contraviene criterios de la Corte Suprema en varios aspectos. Por ejemplo, se limita que el empleador pueda extender los beneficios de una negociación colectiva. Ahora solo se puede, si hay acuerdo con los sindicatos.

    • En conclusión: El reglamento atenta la institucionalidad vigente. Solo por estas cuestiones, debería ser derogado.
  • En cuanto a los temas de fondo:

    • En el Perú, los derechos de sindicación, negociación colectiva y huelga ya cuentan con un marco jurídico de protección no solamente a nivel legal sino también constitucional. Por ejemplo, en este gobierno la mayoría de huelgas han sido declaradas legales.

    • Los sindicatos y los dirigentes sindicales cuentan además con protección jurídica a nivel internacional (normas OIT). Es decir, hay un marco institucional de protección de estos derechos que se usan y están activos. Endurecerlos y ponerlos por encima de otros derechos, afectará a todos.

    • El reglamento eleva, de manera desproporcionada, el derecho de huelga a prácticamente a la categoría de derecho absoluto. Un trabajador que quiere trabajar y que no le descuenten su sueldo o no perder su seguro, no puede hacerlo hasta que el sindicato levante la huelga.

    • Se legaliza y promueve huelgas similares a la de los controladores aéreos, donde ilegalmente se hizo primar la huelga por encima del derecho de tránsito de miles de viajeros y de empresas de turismo a reactivarse.  Con este reglamento, huelgas como los controladores aéreos serán la regla.

    • La Constitución y las normas OIT son claros en señalar que el ejercicio de estos derechos no puede ser absolutos. Se debe respetar su ejercicio democrático y ponderado con otros derechos. Para ello, hay excepciones y limitaciones.

    • Los derechos de huelga y de sindicalización no pueden estar por encima de los derechos de libertad de trabajo y de libre empresa. Diversos fallos del Tribunal Constitucional señalan que cuando hay colisión de dos derechos constitucionales, se debe ponderar, armonizar derechos de manera que uno se imponga sobre otro.  Hoy un trabajador no puede laborar en huelga mientras el sindicato no lo autorice.

    • El sindicato conocerá sueldos de todos los trabajadores, incluyendo no sindicalizados.  Se afecta la protección de datos y privacidad porque se dice que los sindicatos pueden solicitar boletas de pago de todos los trabajadores de su ámbito.

  • Sobre la falta de visión de nuestra actual situación laboral:

    • El reglamento no toma en cuenta el tremendo daño que la pandemia ocasionó al empleo formal y a miles de empresas que hasta el momento no han podido reactivarse totalmente. Incrementar la carga regulatoria, solo incrementará la informalidad y evitará la reactivación de los empleos formales. Se insiste en regular sólo a los formales (16% de la PEA).

    • La prioridad regulatoria del Estado debe estar en reducir la informalidad, otorgar protección social, generar trabajo y dar seguridad social a millones de peruanos excluidos, especialmente jóvenes y mujeres. Asimismo, generar confianza y dar incentivos para generar y/o mantener puestos de trabajo formal, con todos los derechos.

    • El reglamento no permitirá reducir los niveles de informalidad que hoy están cerca del 80%, lo que puede afectar el ingreso del Perú a la OCDE.

    • Los niveles de sindicalización en el Perú son bajos (4.5% de la PEA, en otros países llega al 20% de la PEA) como consecuencia, principalmente, de la alta informalidad del mercado de trabajo.  Y gran parte de esta informalidad se explica por la rigidez del marco laboral. Seguir elevando la rigidez, afecta la formalidad y los niveles de sindicalización.

    • Si el Estado considera que debe modificarse el marco legal vigente, ello debe ser parte de un proceso de diálogo social institucional, con participación de todas las partes involucradas en el CNT y no con medidas sorpresivas que generan desconfianza y atentan contra la recuperación del empleo formal.

LEE: SNI: Usaremos todas las vías legales para derogar decreto que modifica regulación de huelgas

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