Solo ocho gobiernos regionales tienen una oficina de gestión de conflictos sociales en funcionamiento

Solo ocho gobiernos regionales tienen una oficina de gestión de conflictos sociales en funcionamiento
Foto referencial: Andina

Defensoría del Pueblo resaltó la falta de oficinas de gestión de conflictos sociales en zonas vinculadas con la actividad minera como lo son Áncash, Apurímac, Cusco, Cajamarca y Pasco.

Solo ocho gobiernos regionales tienen una oficina de gestión de conflictos sociales en funcionamiento, según informó la Defensoría del Pueblo. Todo esto pese a que cada vez hay más problemas de este tipo en el Perú.

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Entre las regiones que sí tienen estas oficinas se encuentran Arequipa, Ayacucho, Loreto, Puno, San Martín, Tacna y Ucayali. En tanto, en Piura hay una comisión para la prevención y gestión de conflictos sociales.

“Los gobiernos regionales del Callao y Lima cuentan con oficinas especializadas en la prevención de conflictos laborales, pero no abordan otros tipos de conflictos sociales”, indicó la Defensoría del Pueblo.

Añadió que hay un punto aún más preocupante porque en los 10 departamentos que concentran el 68% de los 209 conflictos que hay en el país, solo dos (Loreto y Puno) cuentan con una oficina especializada en la materia.

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Falta de espacios

La Defensoría del Pueblo resaltó la falta de estos espacios en las zonas vinculadas con la actividad minera como lo son Áncash, Apurímac, Cusco, Cajamarca y Pasco.

“Si bien los conflictos sociales vinculados a la gran y mediana minería están enmarcados dentro de las competencias del gobierno nacional, estos impactan en las economías locales. Sus jurisdicciones son el espacio de las protestas, algunas de ellas muy violentas, y la legitimidad de sus autoridades no está a salvo del rumbo que tome el conflicto”, explicó.

Ante esta situación, resaltó la necesidad de implementar y fortalecer oficinas especializadas de prevención y gestión de estos problemas.

“La prevención y gestión de conflictos sociales desde los gobiernos regionales es de vital importancia para enfrentar la conflictividad social porque permite un análisis más cercano de las dinámicas regionales y locales, una participación más activa y especializada de en los espacios de diálogo y una mayor coordinación con el Gobierno nacional y las municipalidades”, precisó la Defensoría del Pueblo.

Vía: Perú 21

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