Este salto se dio entre 2019 y 2025. Las denuncias por minería ilegal se disparan en Nasca, mientras que la región Ica registra una de las tasas de homicidios más altas del país.
Por: Instituto Peruano de Economía (IPE)
En agosto, mafias vinculadas a la minería ilegal destruyeron la señalización que protegía más de 600 hectáreas del sitio arqueológico Pampa Poroma, apenas un mes después de que el Estado declarara la zona restringida para actividades extractivas.
En 2025, la minería ilegal fue la principal actividad ilícita en el país, con exportaciones de oro mayores a US$ 11,500 millones, en un contexto de precios en máximos históricos.
Frente a este escenario, el próximo Gobierno Regional de Ica, que se elegirá en octubre, tendrá responsabilidades concretas frente al avance de la minería ilegal. Los GORE supervisan el cumplimiento de obligaciones ambientales y de seguridad de actividades de pequeña minería y minería artesanal, así como aportan información clave para apoyar las acciones de interdicción entre la PNP y el Ministerio Público. También deben coordinar con el Ministerio de Energía y Minas las acciones vinculadas a la formalización. Por eso, será clave elegir autoridades con capacidad técnica y de gestión para fiscalizar con eficacia, detectar actividades que operan al margen de la ley y sostener una coordinación efectiva con las entidades nacionales competentes.
La magnitud de los recursos que mueve la minería ilegal se refleja en el sistema financiero. Los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) vinculados a esta actividad, reportados por bancos y cajas a la SBS, se multiplicaron por diez a nivel nacional entre 2019 y 2025, al pasar de 175 a más de 1,600. En Ica, los reportes se sextuplicaron en dicho periodo, de 8 a 48, mientras que el monto involucrado se multiplicó por más de cuatro, de US$ 20.5 millones a US$ 92.7 millones.
La expansión de la minería ilegal en Ica también se refleja en las denuncias y la violencia. Entre 2020 y 2025, las denuncias por minería ilegal se triplicaron a nivel nacional y, en la provincia de Nasca, se multiplicaron por más de siete, de 4 a 30 casos. En paralelo, la tasa de homicidios en la región Ica pasó de 3.5 por cada 100 mil habitantes en 2019 a 8.9 en los últimos doce meses (agosto de 2025 a julio de 2026), la quinta más alta del país y muy por encima del promedio nacional (5.8).
El Reinfo, creado como un registro transitorio para facilitar la formalización de los mineros, se ha extendido sin lograr que sus inscritos avancen hacia la formalización. Según el Minem, 1 de cada 4 mineros inscritos en la región Ica (23%) se encuentra suspendido, por encima del promedio nacional de 21%. De las 205 inscripciones suspendidas en la región, Nasca, la provincia con mayor número de denuncias de minería ilegal, concentra 83, lo que representa el 40% del total.
A pesar de la expansión del problema, el presupuesto para combatir la minería ilegal para 2026 se mantiene prácticamente estancado: ajustado por inflación, es apenas 2.5% mayor que el de 2019.
De cara a las elecciones regionales y municipales, será clave que los gobiernos regionales tengan las capacidades para supervisar el cumplimiento de obligaciones ambientales y de seguridad, y aportar información clave para las acciones de interdicción. En una región con zonas especialmente expuestas, como Nasca y Palpa, se necesitan autoridades regionales con capacidad técnica y de gestión para ejercer sus funciones de manera efectiva y coordinar una respuesta sostenida frente al avance de la minería ilegal.
Por: Instituto Peruano de Economía (IPE)
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