Propuesta para hacer frente a organizaciones criminales se da en el marco de la solicitud de delegación de facultades legislativas.
Estrategia integral incorpora inteligencia, geolocalización y rastreo de equipos móviles para enfrentar la extorsión, el sicariato, el secuestro y otras modalidades del crimen organizado.
En el marco de la solicitud de delegación de facultades legislativas, el Gobierno de la presidenta Keiko Fujimoro propone crear un Registro de organizaciones criminales clasificadas como terroristas, que permitirá sistematizar información sobre estos grupos y fortalecer la respuesta del Estado frente al crimen organizado.
El registro permitirá identificar información clave de estas organizaciones, como su estructura de mando, integrantes, zonas de actuación, modalidades delictivas, redes de apoyo y capacidades operativas, financieras y logísticas, así como sus vinculaciones nacionales y transnacionales.
Asimismo, se plantea establecer un mecanismo especial de coordinación dentro del Sistema de Inteligencia Nacional (SINA), que articule a la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI), el Ministerio del Interior y el Ministerio de Defensa.
Al respecto, el presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, señaló que la delegación de facultades permitirá fortalecer la lucha contra la extorsión, el sicariato y el crimen organizado, así como crear un comando de inteligencia similar al histórico Grupo Especial de Inteligencia (GEIN), con capacidades para anticiparse a la comisión de delitos y desarticular las redes criminales.
Geolocalización para enfrentar la extorsión
Como parte de la estrategia, el proyecto de ley plantea modificar el marco legal de las telecomunicaciones para facilitar a las unidades policiales el acceso a información de localización, geolocalización y rastreo de terminales móviles vinculados a investigaciones por extorsión, secuestro y sicariato.
También se propone incorporar herramientas tecnológicas que permitan identificar patrones de comunicación asociados a redes de extorsión, rutas de sicariato y estructuras vinculadas a la minería ilegal. Esto permitirá a la Policía y a las unidades de inteligencia analizar las interacciones de las organizaciones criminales e identificar sus principales puntos de operación y coordinación.
El uso de estas herramientas estará orientado a la trazabilidad física de las actividades delictivas y no implica acceder al contenido de conversaciones privadas. Su aplicación deberá garantizar el respeto de los derechos constitucionales y la privacidad de los ciudadanos.
Finalmente, se plantea fortalecer la conservación y entrega de información técnica por parte de las empresas operadoras, así como optimizar la detección, corte y bloqueo de señales móviles y comunicaciones ilegales realizadas desde establecimientos penitenciarios o centros juveniles.
Vía: PCM
