Cabe recordar que la Municipalidad Provincial de Tacna informó que el servicio de delivery se realizaría solo hasta las 8 de la noche, pese a que el decreto supremo señala que el servicio está disponible las 24 horas.
Durante los primeros días de febrero, la Municipalidad Provincial de Tacna, tras una reunión multisectorial convocada por su alcalde Julio Medina Castro, informó que el servicio de delivery se realizaría solo hasta las 8 de la noche.
“(Quedó en claro que) no existe una norma explícita, que hubo comunicados, pero hay normas que están sobre un comunicado y en este momento el toque de queda es a partir de las 20:00 horas”, indicó Roger Choque Salcedo, gerente municipal.
Tras este suceso es que la Secretaría Técnica Regional de Eliminación de Barreras Burocráticas (SRB) del Indecopi, de la mano de 12 oficinas regionales, envió cartas preventivas a más de 250 municipalidades provinciales del país.
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Los documentos tuvieron el objetivo de evitar que se impongan barreras burocráticas que puedan afectar la prestación del servicio de reparto a domicilio, pues actualmente el delivery está permitido las 24 horas del día, los 7 días de la semana.
Además, el DS 184-2020-PCM indica que durante la inmovilización se exceptúa al personal de los servicios de abastecimiento de alimentos y restaurantes para entrega a domicilio.
“Lo importante de enviar cartas preventivas a los municipios provinciales es que, pese a las buenas intenciones que puedan tener muchas veces, la falta de conocimientos de normas termina incidiendo en malas implementaciones”, indicó a Perú21 Francisco Ochoa, de la citada oficina.
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Ochoa explicó que existen dos tipos de barreras: las ilegales, que van más allá de lo establecido en normas, y las irracionales, “que es cuando exceden la lógica”, indicó. En estos casos, advirtió, se pueden iniciar procedimientos sancionadores que incluyen multas hasta por 20 UIT (S/88,000).
Cabe indicar que, durante el 2020, Indecopi logró que 89 entidades públicas eliminen voluntariamente más de 4,600 barreras burocráticas.
Por otro lado, en los dos primeros meses del estado de emergencia, la Cámara de Comercio de Lima (CCL) identificó que –al menos– 28 municipios habrían afectado la actividad comercial con normas que contravienen a las dictadas por el Ejecutivo.
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