Juez Manuel Chuyo dispuso prisión preventiva por 36 meses para el exsecretario presidencial, Bruno Pacheco, también para Fray Vásquez y Gian Marco Castillo, los prófugos sobrinos del mandatario Pedro Castillo, por el caso Puente Tarata.
El juez Manuel Chuyo acogió el pedido fiscal y dictó el martes 12 de abril 36 meses de prisión preventiva contra Fray Vásquez y Gian Marco Castillo, los prófugos sobrinos del mandatario Pedro Castillo, el exsecretario presidencial Bruno Pacheco y el empresario Zamir Villaverde, quienes son investigados por la irregular adjudicación de la obra Puente Tarata.
Todo esto sucedía mientras el jefe de Estado Pedro Castillo se encontraba anoche en Talara (Piura), encabezando una actividad previa a la reactivación de la refinería ubicada en esa ciudad.
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El juez Manuel Chuyo manifestó en la audiencia que los investigados en mención obstruyen el trabajo de la fiscal anticorrupción Karla Zecenarro al mantenerse prófugos desde finales de marzo, cuando se ordenó su detención preliminar. Además que representan peligro de fuga.
Asimismo, refirió que existen elementos de convicción que demostrarían que Vásquez, Castillo Gómez y Pacheco integran una red criminal que operó ofreciendo a empresas distintas obras a cargo del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC). Una de ellas fue Tarata, ubicada en la región San Martín.
“Se trata de un conjunto de actuaciones que agrupadas son conductas que denotan un acuerdo para beneficiar al consorcio puente Tarata III, sustentadas en elementos objetivos; esto permite inferir que los investigados son sospechosos y que existe alta probabilidad de que puedan ser condenados”, expresó el magistrado.
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Según Perú 21, el juez estableció dos incuestionables evidencias: un informe de la Contraloría que advirtió irregularidades en el proceso de licitación a cargo de Provías Descentralizado y la declaración de Karelim López.
“Estas no son simples especulaciones de la Fiscalía y de determinados funcionarios, sino que hay un informe de auditoría que lo sustenta”, argumentó el juez.
En ese documento, emitido en diciembre del 2021 por la Contraloría, se identifican responsabilidades penales y administrativas por parte de los miembros del comité de selección de Provías.
Los dos exintegrantes ahora investigados son Edgar Vargas Más y Víctor Valdivia, sobre los que también pesa la orden de prisión preventiva.
La conclusión del órgano de control es que el comité “benefició al postor ganador de la buena pro al postergar irregularmente la etapa de presentación de ofertas”.
Vía: Perú 21
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