Cusco enfrenta una alta vulnerabilidad ante desastres naturales, mientras más de la mitad de sus proyectos de prevención permanecen paralizados o abandonados.
Elaborado por Matias Buendia, economista del Instituto Peruanop de Economía (IPE)
En julio, el ENFEN advirtió que el Fenómeno El Niño (FEN) Costero probablemente mantendrá una magnitud fuerte hacia fines de 2026 y que, en el verano de 2027, no se descarta que alcance una magnitud extraordinaria. Este escenario elevaría el riesgo de lluvias intensas, deslizamientos e inundaciones en la costa norte y de déficit hídrico en la sierra centro y sur.
A ese riesgo climático se suma el sísmico: los recientes terremotos en Venezuela y Colombia recuerdan que el Perú también está expuesto a un evento similar. Los gobiernos regionales y municipales que serán elegidos en octubre tendrán la responsabilidad de reanudar y reforzar, con criterio técnico, las obras de prevención pendientes y de realizar acciones de mitigación.
La experiencia muestra el costo potencial de estos choques: el FEN Costero de 2017 costó 1.5% del PBI, mientras que los terremotos de Ica (2007) y de la Zona Sur (2001) costaron cerca de 0.6% del PBI cada uno. Pese a ese costo, el país es todavía vulnerable ante estos fenómenos: de los cerca de 29 mil proyectos de gestión de riesgos y emergencias iniciados entre 2012 y 2025, el 51.4% estaba paralizado o abandonado al término de 2025, principalmente en Loreto (66.8%), Junín (63.5%) y Huánuco (63.2%).
Proyectos siguen estancados, pese a alto presupuesto
Según datos del CENEPRED, toda la población en Cusco se encuentra en riesgo alto o muy alto por sequías ante la temporada de lluvias 2026-2027. A esta vulnerabilidad se suma una infraestructura inadecuada: el 64.7% de las viviendas fue construido de manera informal, por encima del promedio nacional (61.7%), con más del 60% con techos de calamina o fibras de cemento y cerca del 80% con pisos inadecuados. Aparte, más de la mitad de los colegios públicos presentan alto riesgo estructural y deben ser demolidos y reconstruidos, y, hasta 2024, todos los hospitales de la región tienen capacidad instalada inadecuada; es decir, no cumplen con estándares de infraestructura ni equipamiento.
Frente a esta exposición, la problemática no se sitúa en torno a los recursos disponibles, sino en la capacidad de los gobiernos para ejecutar totalmente las obras. En 2025, la región tuvo el mayor presupuesto per cápita del país para gestión de desastres (S/ 110 por habitante), casi el triple del promedio nacional (S/ 39). No obstante, de los 1,410 proyectos de prevención registrados en la región entre 2012 y 2025, el 54.5% estaba paralizado o abandonado, por encima del promedio nacional (51.4%).
De cara a las elecciones regionales y municipales de octubre, Cusco necesita autoridades con capacidad técnica para destrabar las obras paralizadas, reactivar las abandonadas y aprobar los planes de gestión de riesgo pendientes. Los gobiernos regionales y locales deben fiscalizar la vivienda informal con incentivos para la formalización y mejora de la infraestructura habitacional. Será clave, además, aprovechar mecanismos como Obras por Impuestos y Asociaciones Público-Privadas para acelerar las inversiones de prevención ante sismos y fenómenos climáticos.
Vía: IPE
LEE: Destinan S/25,5 millones para intervenir 55 puntos críticos ante Fenómeno El Niño
LEE: BCRP: 83% de empresas tomó o planea tomar medidas ante El Niño
