Petroperú: Denuncian que su gerente de logística instaló equipos de ‘chuponeo’ cuando trabajaba en Gobierno Regional de Lima

El hoy gerente del Departamento de Logística de Petroperú, Gustavo Torreblanca Soto, contratado en la gestión de Hugo Chávez Arévalo, habría instalado equipos de “chuponeo” en vehículos del Gobierno Regional de Lima cuando trabajaba allí, según documentos a los que accedió Perú21.

El actual gerente del Departamento de Logística de Petroperú, Gustavo Torreblanca Soto, habría sido sancionado como uno de los responsables de la instalación de micrófonos ilegales (‘chuponeo’) en 2015, según un informe del Consejo Regional de Lima del año 2018, al que tuvo acceso Perú21.

El diario además señaló que Torreblanca Soto fue contratado por la gestión de Hugo Chávez Arévalo y permanece en la del nuevo gerente general encargado de Petroperú, Fernando de la Torre.

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El caso

De acuerdo al informe del medio de comunicación, el caso se remonta a agosto de 2015, cuando el consejero de la provincia de Huaura, Miguel Ángel Mufarech Nemy, denunció que la camioneta que le habían asignado para transportarse tenía un micrófono instalado.

Mufarech Nemy contó que días antes había recibido un memorando de la administración del gobierno regional en el que se les pedía a los funcionarios que llevaran el vehículo que se les había asignado a revisión para que les coloquen el sistema de GPS y así poder monitorear la ubicación y movimiento del vehículo.

Sin embargo, luego Mufarech Nemy recibió información de que se había instalado un micrófono, añade el matutino.  Luego acudió con un técnico a la Notaría Reyes, de Huacho. Después de revisar el vehículo y destapar el tablero encontraron el GPS además de un micrófono.

Ante ello, el consejero pidió documentación de lo sucedido al Gobierno Regional de Lima (GRL) y procedió a hacer una denuncia ante el Ministerio Público, indicó el matutino.

Micrófonos ilegales

El 7 de septiembre del 2015, tras hacerse conocida la denuncia, el Gobierno Regional de Lima emitió una Resolución Ejecutiva Regional en la que explicaban que necesitaban contratar el servicio de GPS a nivel nacional para su flota de vehículos y que no se había requerido ni solicitado incorporar algún sistema de “escuchas telefónicas dentro del vehículo”.

Fue cuando surgió el nombre del hoy gerente del Departamento de Logística de Petroperú, Gustavo Torreblanca. En ese entonces este funcionario se desempeñaba como presidente del Comité Especial Permanente Encargado de la Organización, Conducción y Ejecución de los Procesos de Adjudicaciones Directas y Menor Cuantía del Gobierno Regional de Lima (GRL).

Tras la investigación interna, el GRL estableció que “el Comité de Adjudicación del Gobierno Regional, integrado por los imputados Gustavo Torreblanca Soto, Carmen Oyola Chinga y Gerardo Carhuatanta Vera, quienes gozando de su autonomía han decidido unilateralmente –sin consulta del área usuaria (Oficina de Informática), ni de la Alta Dirección– la modificación de los ‘Términos de Referencia’ al decidir incluir en sus ‘Criterios de Evaluación Técnica’ de las Bases de Adjudicación N° 15-2015-GLR/CEP, el otorgamiento de un puntaje adicional de 5 puntos a la empresa que instalara mejoras como: La instalación de un sensor de escucha, que incluya micrófono de audio; Control total de encendido y apagado de motor a voluntad; encendido y apagado preprogramado en base a fechas y horario”.

En la misma resolución, el gobierno regional señaló que dicho Comité de Adjudicaciones, integrado por Torreblanca, era el que habría incluido el requerimiento de los micrófonos en las bases de un concurso de adjudicación directa para contratar el servicio de GPS.

La buena pro del concurso fue otorgada a la empresa Satelcom Perú S.A.C. En aquel momento, según el GRL, Satelcom “aparentemente era la única empresa dentro del universo de potenciales postulantes que contaba con ese tipo de servicio adicional”. “Tal servicio adicional o mejora ha generado que esta empresa pueda llevarse la adjudicación del servicio”, se indica.

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Qué pasó con el caso

Si bien al final de la resolución el mismo gobierno regional resolvió “autorizar al abogado Erik Guizado Moscoso, procurador Ad Hoc” a presentar las acciones legales que correspondieran contra Torreblanca y los demás involucrados, el caso no avanzó, contó Perú 21.

En 2017, la sanción administrativa para los responsables de la instalación de micrófonos ilegalmente a la camioneta de Mufarech fue la imposición de una suspensión por 5 días sin goce de haber.

En febrero de 2018, hubo un acuerdo del Consejo Regional que acordaba aprobar las sanciones y archivar los actuados. Sin embargo, en el artículo tercero de lo acordado se indicó que “la sanción por falta disciplinaria de suspensión sin goce de remuneraciones de cinco (05) días interpuesta” era extraña, ya que “el rango de sanción por falta disciplinaria de suspensión sin goce de remuneraciones es desde un (1) día hasta por (12) meses”, señaló el diario.

Vía: Perú 21

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