Presunta red criminal en MTC contó con dos brazos operativos, según la fiscalía

Presunta red criminal en MTC contó con dos brazos operativos, según la fiscalía
Fiscalía de la Nación. Foto: Andina

De acuerdo con la Fiscalía, una de estas presuntas ramas en el MTC habría sido de “captación y negociación” con empresarios. Allí estarían Bruno Pacheco, Zamir Villaverde y otros.

El ex ministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva, no solo es investigado por la Fiscalía de la Nación por organización criminal y colusión en torno al caso Puente Tarata, sino que también está impedido de salir del país por los próximos tres años.

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La Corte Suprema de Justicia consideró en su resolución -a la que tuvo acceso El Comercio- que la medida restrictiva en contra del exministro “resulta proporcional para evitar razonablemente el peligro de fuga o de obstaculización de la averiguación de la verdad”.

En el documento, el juez supremo Juan Carlos Checkley valoró información proporcionada por el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, en el sentido de que la presunta ­ organización criminal instalada en el MTC comenzó a operar desde la designación de Silva en julio del 2021, en la primera etapa del gobierno de Pedro Castillo.

Presuntos brazos operativos

El Ministerio Público también explicó que la referida red de corrupción contaría con dos brazos operativos: uno de “captación y negociación” y el otro de “ejecución”.

El primer brazo, según la fiscalía, está ­conformado por el ex secretario general del Despacho Presidencial Bruno Pacheco; el hoy encarcelado empresario Zamir Villaverde; y Fray Vásquez Castillo y Gian Marco Castillo Gómez, sobrinos del mandatario a quienes se ­ sindica como “mandos medios” de la organización.

Este conjunto tenía como tarea representar los intereses de los empresarios que iban a ser favorecidos con las licitaciones en el MTC, entre ellos algunos de regiones que habían contribuido a la campaña presidencial de Pedro Castillo.

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La otra ramificación de la presunta organización criminal es integrada, de acuerdo a la fiscalía, por Alcides Villafuerte, exgerente de Obras de Provías Descentralizado; Víctor Valdivia Malpartida y Edgar Vargas, miembros del comité de selección de la licitación del puente Tarata III; entre otros.

Dicho brazo habría ­facilitado que se concretara la entrega de obras públicas a empresas “a cambio de recibir beneficios por parte de los favorecidos”.

Pablo Sánchez advirtió que Silva tuvo una “función clave”, ­porque “en contubernio con otro alto funcionario habría tenido el poder de nombrar ­servidores que se encuentren acorde a sus intereses” e “interfieran a favor” de la red de corrupción, como habría sucedido con Villafuerte, Valdivia y Vargas.

Vía: El Comercio

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