Proponen que delitos de corrupción graves sean sancionados con cadena perpetua

Proponen que delitos de corrupción graves sean sancionados con cadena perpetua
Foto: Andina

Proponen cadena perpetua para funcionarios públicos involucrados en casos graves de corrupción. Proyecto de ley, que fue presentado por el legislador Alfredo Pariona (no agrupado), plantea la modificación del artículo 425-A del Código Penal.

De acuerdo con un proyecto de ley presentado por el congresista Alfredo Pariona, los delitos de corrupción graves contra la administración pública, que sean cometidos por funcionarios o servidores del Estado, serán sancionados con cadena perpetua.

En ese sentido, mediante la iniciativa legislativa, se plantea incorporar el artículo 425-A en el Código Penal a fin de endurecer las penas en el caso de actos de corrupción que perjudiquen al Estado peruano.

De esa manera se plantea aplicar la máxima sanción para los casos graves de abuso de autoridad, soborno, designación, contratación o aceptación ilegal de un cargo, concusión, patrocinio ilegal y peculado.

También se sancionarán con la cadena perpetua la malversación, soborno internacional pasivo, cohecho en diferentes modalidades, corrupción pasiva de auxiliares jurisdiccionales, negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo, tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito, entre otros delitos.

Al respecto, el legislador sostiene que la corrupción es un mal endémico que golpea al Perú; y, precisa que, de acuerdo con estimaciones de la Contraloría General de la República, esta supera los 24 millones de soles.

Precisa también que en agosto del año pasado, la Defensoría del Pueblo publicó el informe denominado “Corrupción en cifra: casos de tramite a nivel nacional”, mediante el cual se identificó la existencia de 40,000 procesos que están en trámite desde diciembre de 2022.

“Los actos de corrupción en la administración pública están vigentes y que no existe un ánimo de enmienda. El funcionario público tiene la confianza de la población en que protegerá adecuadamente los recursos que sirven para la garantía de los derechos fundamentales de todos, a través de una adecuada y suficiente prestación de los servicios públicos”, indica Pariona en su proyecto de ley.

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