El proyecto de ley busca que las plataformas digitales sean responsables de la entrega del producto al igual que los proveedores. Asimismo, propone la facultad para que el consumidor pueda cancelar una compra en un máximo de 15 días.
Este miércoles el Pleno del Congreso tiene agendado debatir la iniciativa recaída en los PL 398/2021-CR y 415/2021-CR con los que se propone modificar la Ley 29571 (Código de Protección y Defensa del Consumidor).
El dictamen –impulsado por la bancada Podemos Perú y aprobado ya en la Comisión de Defensa del Consumidor– busca proteger a la ciudadanía de los fraudes financieros a través de la consolidación de denuncias en ventanillas virtuales, lo que ayudará a la Policía Nacional del Perú en la recopilación de información.
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Dicha ventanilla virtual para prevenir fraudes informáticos será obligatoriamente difundida por la SBS, el Indecopi, Osiptel, PNP y las entidades financieras supervisadas por la SBS.
Así, la iniciativa determina que los intermediarios – las plataformas digitales – serán responsables de la entrega del producto al igual que los proveedores.
A ello se le suma el derecho de arrepentimiento, facultad con la que el consumidor podrá dejar sin efecto el contrato en un servicio o producto de ecommerce sin necesidad de justificar su decisión y sin penalización de ninguna clase en un plazo máximo de 15 días.
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La opinión de los gremios
Diversos gremios comerciales advierten que el Proyecto de Ley 415/2021-CR perjudicará el desempeño de las micro y pequeñas empresas (mypes).
Según los gremios, el proyecto replica una primera versión de un documento de trabajo elaborado por Indecopi en abril del año pasado, el mismo que fue materia de diversas modificaciones que no han sido tomadas en consideración en el dictamen.
En un comunicado, señalan que el proyecto incumple obligaciones internacionales previstas en acuerdos comerciales, como los tratados de libre comercio (TLC), al imponer presencialidad física a los operadores de comercio electrónico, y sin tomar en consideración que son miles de mypes que operan únicamente en entornos digitales.
“El Proyecto incluye la controvertida figura del derecho de arrepentimiento, por el cual el consumidor podría arrepentirse de la compra hecha electrónicamente, dentro de los 15 días de efectuada, sin justificación alguna. Esto genera sobrecostos para el proveedor, sobre todo mypes”, apuntaron.
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