Además, las alertas por operaciones financieras sospechosas relacionadas con minería ilegal se multiplicaron por 24 en seis años.
El reciente rescate de 12 trabajadores secuestrados dentro de una bocamina en La Rinconada volvió a evidenciar el avance de la criminalidad en las zonas mineras de Puno. Este episodio ocurre en un contexto de expansión de la minería ilegal y deterioro de la seguridad ciudadana. Frente a ello, las elecciones de octubre serán decisivas: el próximo gobierno regional deberá fortalecer la fiscalización y articular una respuesta efectiva junto con las autoridades nacionales y locales.
Alertas financieras se multiplicaron por 24
La magnitud de los recursos movilizados por la minería ilegal se refleja en el sistema financiero. En Puno, los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) vinculados a la minería ilegal, remitidos por bancos y cajas a la SBS, se multiplicaron por 24 entre 2019 y 2025, de 19 a 465. Así, Puno concentró el segundo mayor número de alertas, solo detrás de Lima.
Además, el monto involucrado en los ROS pasó de US$ 80 millones a US$ 1,984 millones entre 2019 y 2025.
Denuncias aumentaron 78 % en 2026
Esta expansión también se evidencia en las denuncias: entre enero y julio de 2026, las denuncias por minería ilegal en la región sumaron 141. Esta cifra representa un aumento de 78 % respecto del mismo periodo de 2025 y es superior al incremento promedio a nivel nacional (39 %) en ese lapso.
Pese a ello, el presupuesto público en Puno para combatir esta actividad en 2026 se redujo 60.4 % respecto de 2025 y es 86.3 % menor que en 2019, ajustado por inflación.
Persisten dificultades para la formalización
A la reducción de recursos se suman las prórrogas continuas al Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), que han debilitado la respuesta estatal a este problema.
Según el Ministerio de Energía y Minas (Minem), 1,407 inscritos en Puno están suspendidos, el 22.8 % del total regional, proporción que supera al promedio nacional (21.0 %).
Puno registra deterioro de la seguridad
El auge de la minería ilegal ocurre en medio de un deterioro de la seguridad. En 2025, el 31.7 % de la población urbana de Puno mayor de 15 años fue víctima de algún delito, por encima del promedio nacional (25.3 %).
Además, entre setiembre de 2025 y agosto de 2026, se registraron 4.5 homicidios por cada 100 mil habitantes, por encima de los 3.1 registrados en 2019.
Este deterioro también es percibido por los puneños: el 40.5 % consideraba la delincuencia uno de los principales problemas del país y nueve de cada diez creían que podían ser víctimas de un delito.
Retos para el próximo gobierno regional
Puno necesita autoridades regionales con capacidad técnica y de gestión, señalan desde el Instituto Peruano
de Economía (IPE).
El próximo gobierno regional deberá tener la capacidad de reforzar la fiscalización ambiental y de seguridad minera, detectar operaciones ilegales y brindar información para las acciones de interdicción.
En seguridad ciudadana, el Gobierno Regional de Puno deberá liderar el comité regional y articular con la Policía, el Ministerio Público y los municipios una respuesta sostenida frente a la criminalidad.
Vía: Instituto Peruano de Economía (IPE)
