“En el Perú, 83 de cada 100 personas que se enferman no son atendidas en servicios de salud públicos ni privados, a nivel urbano y rural”, sostiene el analista político Luis Fernando Nunes.
Nueva York es una ciudad hermosa todo el año. Septiembre marca su entrada al otoño, pero aún permite temperaturas cálidas durante el día, algunas lluvias y unas noches frescas pero aún no frías.
Como ya es usual, la ONU escoge este mes para su período de sesiones anuales, en este caso la n.º 78, que de paso, también permitirá reunir al más alto nivel a expertos, gobernantes e instituciones del vasto campo de la salud y supone una oportunidad histórica para que los más de 140 líderes mundiales vuelvan a situar la cuestión de la salud en la agenda política de alto nivel, al tiempo que reiteren su compromiso para poner fin a la tuberculosis, ofrecer cobertura sanitaria universal y fortalecer la prevención, preparación y respuesta frente a pandemias.
En pleno camino para la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), el mundo está lejos de alcanzar las metas en materia de salud para 2030. Millones de personas no tienen acceso a intervenciones que salvan vidas y mejoran la salud. El gasto directo en atención de salud acarrea unas consecuencias devastadoras para más de mil millones de personas, y empuja a cientos de millones a la pobreza extrema.
Y ahí llegará la Presidenta del Perú, con una abultada comitiva más propia de un país desarrollado, que de una nación que lleva desde el 2016 en una decadencia política que, como dice el colega Gonzalo Banda, los politólogos Samuel P. Huntington y Francis Fukuyama califican a esa decadencia como la imposibilidad de que sus instituciones avancen a la misma velocidad de sus sociedades, con todas las nefastas consecuencias de ello.
La hija de Chalhuanca tendrá unos 10 minutos de gloria esta semana. Esperemos que sus palabras ante la Asamblea General no caigan en frases con lugares comunes y ausentes de un verdadero contenido práctico y concreto. Estamos hartos de estudios y diagnósticos; queremos pautas para una acción efectiva y si de salud se trata, damos vergüenza pues los altos índices de anemia y otras enfermedades, y los pésimos servicios públicos para los pacientes, nos lleva a parecernos más a un país africano y pobre.
En el Perú, 83 de cada 100 personas que se enferman no son atendidas en servicios de salud públicos ni privados, a nivel urbano y rural, según datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) al 2022. La brecha de infraestructura en salud en el país, excede los S/ 27 000 millones a cinco años, según el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Para reducirla, se requiere, como mínimo, una década con un ritmo anual de ejecución de inversiones en salud que supere los S/ 2500 millones.
¿Cuántos nuevos hospitales y postas pudiéramos construir con el dinero que se va cada año en corrupción?
Nos contentaríamos que al regresar de esos hermosos edificios situados junto al Río Este, nos dijera por lo menos tres medidas de emergencia, que le devuelva la esperanza de vida a miles de peruanos.
El acceso universal a la salud y la cobertura universal de salud, implican que todas las personas, las familias y las comunidades tengan acceso, sin discriminación alguna, a servicios integrales de salud; adecuados, oportunos, de calidad, de acuerdo con las necesidades, así como a medicamentos de calidad, seguros, eficaces y asequibles, a la vez que se asegura que el uso de esos servicios no expone a los usuarios a dificultades financieras, en particular los grupos en situación de vulnerabilidad.
Se requiere además la definición e implementación de políticas y acciones, con un enfoque multisectorial para abordar los determinantes sociales de la salud y fomentar el compromiso de toda la sociedad para promover la salud y el bienestar.
¡Habla Dina!
Por: Luis Fernando Nunes, analista político
