Diagnostico incorrecto, tratamiento inadecuado – Por: Fernanda Pastor Quesada

Diagnostico incorrecto, tratamiento inadecuado – Por: Fernanda Pastor Quesada
Empleo. Foto: Andina

“El Estado debería estar enfocado en generar confianza y dar incentivos para mantener el trabajo formal”, manifestó Fernanda Pastor Quesada a través de la siguiente columna de opinión.

La informalidad es un problema que venimos combatiendo desde hace varias décadas. Ocho de cada diez peruanos trabajan en la informalidad y ninguna reforma del Estado ha logrado abordar eficazmente la situación. El dilema fundamental es que el Estado no comprende que la solución no está en poner regulación más estricta a las empresas sino en incentivar la formalidad, generando trabajo y otorgando seguridad social a los peruanos. Lejos de identificar la problemática, el gobierno parece desconocer la realidad laboral del país.

A finales febrero de este año, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), mediante el DS N° 001-2022-TR, prohibió la tercerización laboral en el caso de actividades que forman parte del núcleo de un negocio, y dio un plazo a las empresas de 180 días para que se adecúen a la medida. Adicionalmente, en junio se modificó el reglamento de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo. Ambas medidas carecen de sustento técnico y lo único que conseguirán es generar la pérdida de puestos de trabajo formal en las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas, acompañado del riesgo de quiebra de estas.

El gobierno está tomando decisiones equivocadas. La falta de objetividad al momento de analizar la situación real del mercado laboral crea un sesgo y los lleva al error. Por ejemplo, la modificación en el reglamento de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo perjudicará a cientos de miles de empleados y empleadores, beneficiando únicamente a los empleados sindicalizados, que en el Perú son solo cuatro de cada 100 empleados. En resumen, las acciones que se desarrollen hacia este sector beneficiarán a muy pocos, pero los efectos adversos nos perjudican a todos.

Por otro lado, el uso de la tercerización es un mecanismo utilizado en todo el mundo y ayuda a las empresas a mejorar su productividad y eficiencia vía la especialización. Los trabajadores de las compañías que brindan los servicios de tercerización son formales. Asimismo, la subcontratación de otra empresa genera una cadena que une a la empresa grande con la micro. El problema principal no es en si la terciarización sino las empresas que la usan de manera indebida, incumpliendo la ley.

El gobierno debe hacer una introspección de su labor. Ya tenemos la normativa que regula los servicios de tercerización, indicando los derechos y obligaciones de las empresas, así como las sanciones en caso se desnaturalice su uso. Lo que adolece es una buena fiscalización. La incapacidad del Estado para hacer cumplir la ley hace que cada cierto tiempo se busque endurecerla, desviándose del asunto central. 

Estas falsas soluciones perjudican nuestra economía, no solo profundizando la informalidad y afectando la posibilidad de que el empleo formal crezca, sino también atenta contra la productividad de las compañías. En un contexto post pandemia y tomando en cuenta que la normativa peruana es más estricta que la mayoría de los países de América Latina, el Estado debería estar enfocado en generar confianza y dar incentivos para mantener el trabajo formal e identificar que empresas no cumplen con la ley para sancionarlas. Una legislación laboral más rígida no es la solución.

Fernanda Pastor Quesada

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