El autor señala que la democracia va mucho más allá de votar y destaca la importancia de la fiscalización y participación ciudadana en la gestión de las autoridades regionales y municipales.
Una ciudadanía harta de un proceso electoral presidencial y congresal que a la mayoría nos dejó un mal sabor de boca debe volver este domingo 4 de octubre para elegir a los gobernadores y a los alcaldes provinciales y municipales. Mucha gente subestima estas elecciones, sin darse cuenta de su verdadera importancia: el presidente y los congresistas son personajes más alejados del ciudadano de a pie, a menos que se empeñen en mantener una relación cercana más allá de haber estado persiguiendo su voto; sin embargo, un gobernador o un alcalde es alguien más cercano a la gente, pues te lo puedes encontrar en la plaza, en la calle o en el mercado (con excepción de aquellos que se encierran entre las cuatro paredes de su oficina, lo cual es un error que consideramos gravísimo).
Sin embargo, conversando con muchos electores, los encontramos decepcionados y desconfiados de las elecciones y por eso el título de nuestra reflexión semanal. Para empezar, la mayoría no sabe cuáles son las funciones de estas autoridades y hasta las confunden con las tareas de los que ya ocupan el Senado o la Cámara de Diputados.
La campaña termina en pocas horas y muchos candidatos evitaron contestar las tres preguntas básicas de cualquier elección: 1) ¿qué ofreces?; 2) ¿en cuánto tiempo lo harás?; y 3) ¿con qué recursos? Si no se responden estas interrogantes, tenemos a los típicos “vende humo”, que solo prometen por prometer.
Esta elección también reviste una característica que tampoco los ciudadanos conocen: desde enero de 2027, muchas de las organizaciones que compiten este domingo desaparecerán o perderán su marca política —su franquicia— por no alcanzar el 5 % del voto congresal en la reciente elección. O sea, si un candidato X gana por el partido Z, pero ese partido no pasó la valla, el día que juramente no tendrá el respaldo político de su partido y, si no tiene objetivos claros y firmeza en sus propósitos, su período se le irá como agua entre los dedos. Algunos pensarán que eso los favorece porque no están obligados a la disciplina partidaria, pero desde acá no pensamos lo mismo porque podrán actuar como caballos desbocados o optar por calentar la silla de su cargo, sin resolver los grandes problemas de sus comunidades urbanas o rurales.
Para colmo, en 23 de las 25 regiones del país hay 49 candidatos a gobernadores con 98 sentencias, siendo el campeón de las sentencias Guillermo Cornelio Chino Mori, en Ucayali, con 18, y la lista sigue larga. Uno se pregunta: ¿cómo sus partidos los eligieron? ¿Y cómo evadieron el artículo 34-A de nuestra Constitución Política, que impide postular a aquellos que tienen una sentencia condenatoria, incluso en primera instancia? Resulta que el JNE —saltándose nuestra Carta Magna— contempla excepciones con “ciertos criterios”. De nuevo, manifestamos una posición nada tibia frente a los sentenciados: debería dárseles muerte civil y que se dediquen a cualquier otra cosa que no sea un cargo público.
Y todo este panorama también tiene un reto ciudadano imprescindible: fiscalización y participación por parte de todos nosotros; ganar una elección no es un cheque en blanco y diversos mecanismos legales nos otorgan ese derecho, esa tarea de estar encima de sus actuaciones, trabajo diario y semanal, y no solamente cuando nos convocan a asambleas o reuniones de rendición de cuentas, estas últimas que casi siempre son puro maquillaje o un lavado de cara con presencia mayoritaria de familiares de los funcionarios públicos.
Recordemos que la democracia es mucho más que ir a votar.
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