La entelequia del Estado peruano

“Se tiende a creer en en un Estado capaz de hacerlo todo, cuando esto es algo irreal”, sostiene el presidente del Instituto Peruano de Economía (IPE), Roberto Abusada Salah, en un artículo de opinión publicado en la edición impresa del diario El Comercio del jueves 3 de setiembre de 2020.

La pandemia ha revivido en el mundo la discusión acerca de la dicotomía entre el Estado y el mercado. En el Perú, naturalmente, la izquierda infantil ha tomado esta clara tendencia como una oportunidad para declarar el fracaso del mercado.

En cambio, la izquierda más madura, al igual que los socialdemócratas de todo el mundo, resaltan la necesidad de fortalecer el estado de bienestar. Lamentablemente, en el Perú esta discusión es absolutamente inútil porque el Estado es disfuncional: sus­ instituciones en su mayoría sufren de deterioro terminal y su aparato actual no cumple con proveerle al ciudadano el estándar mínimo de servicios necesarios para poder ser ­calificado como operacional y efectivo.

Dicho ­ esto, es claro que en las instancias actuales el Estado debe jugar un papel fundamental en cualquier sociedad. Nadie esperaría que el mercado asigne los recursos de un país en medio de una guerra en la que se imponen la estrategia y la planificación. El problema, sin embargo, es que el Perú no cuenta para todo efecto práctico con un Estado que pueda funcionar a un nivel satisfactorio elemental. 

Mirando con qué y cómo funciona el Estado en el Perú vemos que, en números gruesos, este tiene un tamaño equivalente a aproximadamente algo más del 20% del PBI, financiado principalmente con ­impuestos, además de otros ingresos corrientes. De estos ingresos, menos de la quinta parte se gasta en inversión y en obra pública. El resto se destina íntegramente al pago de salarios y otros gastos corrientes. La burocracia ­ estatal abarca aproximadamente a medio millón de personas encargadas de la ­administración general del Estado. Además están unos 300.000 maestros, unos 183.000 policías y miembros de las fuerzas armadas, y unos 17.000 empleados en los servicios de salud, a los que habría que sumarles aquellos que ­ trabajan en Essalud. Luego están los trabajadores del Poder Judicial y de empresas públicas como Sedapal y sus equivalentes regionales, además de otras como Petroperú y Electroperú. Un hecho notable es que, en los últimos 15 años, mientras la población económicamente activa aumentó en un 30%, los ­trabajadores de la administración pública lo hicieron en un 90%.

Se tiende a creer en en un Estado capaz de hacerlo todo, cuando esto es algo irreal”.

Cabe preguntarse ahora por la calidad de los servicios que el Estado brinda a los ­ciudadanos. Ciertamente, es fácil identificar las carencias en la educación y en la salud, ya que sus pésimos resultados son más que evidentes. Igual es el caso de la seguridad ciudadana y del imperio de la ley a cargo de la policía y de la administración de justicia. Del mismo modo, nada positivo se puede afirmar del servicio que brindan el medio millón de empleados públicos en la ­ administración general del Estado, que despliegan sus labores bajo el paraguas de ­frondosas normas como la Ley del Procedimiento Administrativo General de la que fluyen una innumerable cantidad de reglamentos, textos unificados de procedimientos, etc. En todas ellas, se trata al ciudadano con ­displicencia, suspicacia y nula atención a sus necesidades en las tareas de crear riqueza o buscar justicia. En la legislación ­administrativa, la palabra “ciudadanos” es ­ reemplazada por “administrados”, haciendo ­explícita la voluntad de tutoría y eliminando la verdadera función de servicio.

En suma, casi la totalidad de la riqueza nacional es producida por el sector­ privado, que financia todos los servicios de mala calidad que brinda el Estado. Así, resulta poco menos que suicida la actitud de ­displicencia y hostilidad con la que el Gobierno se relaciona con el sector privado ­promoviendo implícitamente la narrativa que postula que se puede prescindir de él, sin reparar que en este se origina todo -o casi todo- lo productivo de la nación. Es en este ­ contexto que se tiende a creer en un Estado capaz de hacerlo todo, cuando en realidad es solamente una entelequia; algo irreal que solo existe en la imaginación de algunos insensatos.

Las discusiones sobre el rol ­empresarial de este Estado o sobre la implementación de un verdadero estado de bienestar son de plano impertinentes en el Perú de hoy, con las taras que aportan sus dañadas ­ instituciones, su debilidad para ejercer su legítima autoridad y el desmembramiento de la nación que ha significado la pérdida de su carácter unitario, producto de la errada estrategia de descentralización. Quienes hablan del Estado, su presunta ­ funcionalidad y su poder, deberían antes conocer a fondo las características del Estado que el Perú posee.

En medio de una descomunal crisis ­sanitaria y del desplome de la economía, ­haría bien el Gobierno en tomar consciencia de que solo de la mano del sector privado puede lograr los resultados que su discurso propone. Todo lo demás es hacerle un  profundo deservicio a la nación.
 

Por Roberto Abusada Salah, presidente del Instituto Peruano de Economía (IPE) 

Artículo de opinión publicado originalmente en la edición impresa del diario El Comercio del jueves 3 de setiembre de 2020

 

 

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