La legítima defensa de la empresa privada

“La primera libertad que se debe defender es la libertad de emprender, de trabajar, de generar riqueza, de tener una propiedad privada, porque sobre esa base es que luego podemos reclamar otras libertades y derechos”, reflexionó José Ignacio Beteta, presidente de la Asociación de Contribuyentes del Perú y director del Centro de Desarrollo Integral – Cendeit.

Hoy quiero hablarles de algo que parece polémico pero no debería serlo: de la legítima defensa de la empresa privada y la libertad económica. Y para ello les planteo dos casos reales.

El primero. El gobierno firma un decreto supremo para aprobar un proyecto de exploración petrolera en la costa peruana. El proyecto cumple con todos los estándares. Tendrán que hacerse estudios ambientales pero todo es formal. La regulación ambiental peruana es bastante sólida con los formales. Con los ilegales o informales, ya sabemos que no hace nada, pero con los formales es bastante rigurosa.

¿Qué ocurre? Aparecen grupos y ex políticos con mucho poder, y empiezan a atacar a la empresa y las entidades estatales responsables de promover este proyecto de inversión. No lo hacen con evidencia. Lo hacen con falacias y generalidades. No les gusta la inversión privada formal. De la minería ilegal e informal no se hacen cargo, claro está, pero de la formal, andan prendidos para atacarla.

Pero además, aunque crece un sector cada vez más importante de líderes de opinión y jóvenes que defienden libertades civiles y derechos igualitarios, su comportamiento frente a la libertad económica y la iniciativa privada es timorato. Miran estos ataques y hacen silencio. Defienden libertades civiles o plantean causas igualitarias de forma bastante apasionada, pero con respecto a la libertad económica, guardan silencio. Viven de la empresa para defender sus causas, quieren que la empresa se acomode a sus agendas, pero si es atacada, guardan silencio. ¿Es esto posible?

Segundo caso. El sábado se publicó un manual para que la ciudadanía, el sector privado, y la academia participen de forma transparente en el proceso de elaboración del PNUME (Petitorio Nacional Único de Medicamentos Esenciales). Es una noticia buena porque gracias a este proceso más abierto y participativo, se generará innovación, calidad, y además ya existe en países más desarrollados.

¿Qué ocurre? Aparece una nota periodística basada en opiniones subjetivas con una gran carga antiempresa diciendo que hay que tener cuidado con el “lobby de las farmacéuticas”, y para colmo lo hace atacando a las asociaciones de pacientes, grupos organizados muy humildes y sufridos que se rompen la espalda trabajando por miles de miles de peruanos que nunca reciben un trato digno en el sistema estatal de salud.

Las empresas farmacéuticas son las que producen las medicinas que nos curan, no el Estado; tienen equipos científicos de mucho mayor nivel que los del Estado, y tienen todo el derecho a participar en este debate. Por eso, es mucho mejor tenerlas en la mesa de forma transparente, que a oscuras coludiéndose con los anónimos funcionarios que evalúan los medicamentos en la DIGEMID sin que nadie los vea, ¿no les parece?

Pero la opinión que importa es siempre la antiempresa, aunque se tenga que sacrificar la reputación de personas y grupos que aportan mucho valor o pasan penurias y dificultades, y se quiera defender los intereses de funcionarios que no quieren calidad e innovación sino mantener su cuota de poder burocrático.

Conclusión: ¿No será un buen momento para empezar a rebelarnos contra estos grupos antiempresa? La empresa privada casi siempre hace las cosas bien; produce prosperidad, innovación, calidad de vida, trabajo, le da seguridad a padres y madres, y educación y salud a millones de personas. Hay que empezar entonces a ser críticos con quienes la atacan sin evidencia y también con quienes guardan silencio conveniente bajo la excusa de defender otras causas más “progresistas”.

La primera libertad que se debe defender es la libertad de emprender, de trabajar, de generar riqueza, de tener una propiedad privada, porque sobre esa base es que luego podemos reclamar otras libertades y derechos probablemente válidos pero no tan urgentes, al menos en esta coyuntura en la que 7 millones de peruanos perdieron el trabajo y 2.3 volverían a la pobreza. Maduremos un poco nuestra posición política. Ya toca.

 

Por José Ignacio Beteta, presidente de la Asociación de Contribuyentes del Perú y director del Centro de Desarrollo Integral – Cendeit

Twitter: @jibeteta 

Instagram: @jibeteta

Blog: https://joseignaciobeteta.pe/

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