Regular mal es peor que no regular, pero regular por miedo es fatal

Regular mal es peor que no regular, pero regular por miedo es fatal
Foto referencial: Pixabay

Sobre el Proyecto de Ley 878/2022 y el daño al ecosistema digital peruano. Por: Erick Iriarte Ahon, abogado especialista en derecho digital.

No hay peor camino para recorrer que el de quienes piensan que “con uno empieza la historia”. El ser humano solo puede crecer a hombros de gigantes, apoyarse en aquellos que ya construyeron para seguir construyendo.

Esta vez nos referiremos al proyecto de ley 878/2022 presentado por el congresista Alejandro Soto, que además preside la Comisión de Transportes y Comunicaciones. Un proyecto que se autodenomina “Ley General de Internet”. Ya con el nombre nos enfrentamos al concepto adánico de “a partir de ahora habrá regulación de internet en el Perú”.

Muy al inicio de los tiempos digitales, muchos (me incluyo) vimos en el entorno digital, en el ciberespacio, la oportunidad de un espacio donde crear un “mundo nuevo”, con regulaciones “nuevas”.

Sin embargo, más temprano que tarde nos encontramos con que mucha de la regulación existente fuera de la red es aplicable al espacio digital. Quien difama por internet, en realidad difama (el internet es un medio), sean redes sociales o un blog; quien se apropia del derecho de autor y lo publica como suyo porque lo encontró en internet es como quien plagia su tesis (porque el derecho de autor va más allá del medio); quien compra un producto o servicio por una página de Facebook y este no llega, usa la ley de Defensa del Consumidor para buscarse resarcir. Es decir, más que una ley para “el internet” lo que tenemos son que las leyes se aplican “también” en internet.

Esto no lo ha entendido el congresista Soto, y evidentemente sus asesores quienes han redactado su proyecto y el dictamen, que coincidentemente es de la comisión que preside. El Congresista Soto ha encontrado el internet en el año 2022 y quiere tratarlo como el momento de la Declaración de Independencia de Internet de John Perry Barlow en 1996.

Es decir, tiene como unos 26 años de desfase y desconoce dos documentos claves: Las declaraciones de Ginebra y Tunez de la Cumbre Mundial de Sociedad de la Información (2003 y 2005) y la Política 35 del Acuerdo Nacional (2017), que dan claridad sobre la aplicación de la ley también a entornos digitales y no tomarle como un espacio “no regulado”, sino extensión de nuestro “mundo” presencial.

Añadimos a lo dicho que no reconoce que hay, al menos, 100 temas ya regulados tal como se presentaba en el Compendium de Normas sobre Temas Digitales al 2014, con más de 2000 normas promulgadas en diversas instancias gubernamentales (desde leyes hasta directivas) comenzadas a construir desde los 60.

Es decir, en apenas una decena de capítulos, con casi una centena de artículos, el congresista Soto con su proyecto 878/2022 pretende regular cosas que ya se han regulado, intentando derogar normas que están en aplicación como la ley de banda ancha, sin ninguna otra finalidad que ser “la #LeySoto” la que prevalezca.

No hay ningún sustento jurídico para hacer ello, ni tan siquiera una actualización normativa cuando ya la misma existe. Me duele además que el proyecto de Soto tome de referencia mi trabajo para cancillería del 2014 y tergiverse mis conclusiones que la dispersión normativa existe y hay que ordenar para facilitar, pero no hacer lo que la #LeySoto busca: ser la “norma” de referencia porque sí.

Lo anterior ha sido cuestionado por entidades de sociedad civil, academia, Gobierno y sector privado, eso ya es lograr que en tiempos tan dispares como los actuales se pongan de acuerdo todos los sectores para cuestionar un proyecto; decir que una reunión de 2 horas con algunas entidades que, además dijeron que el proyecto no era viable; el Congresista Soto lo haya intentado tomar como sustento de que su proyecto era “viable”. Saber escuchar también a los actores que serán impactados debe ser obligación del Congreso, no usar espacios de diálogo para decir “ya los escuche”. El que alguien te pueda decir que tu proyecto no es válido también debe ser oído, pero si te lo dicen de todos los sectores es aún más valido.

Finalmente, la amenaza de esta norma está dada porque inventar una ley porque es internet terminará creando una regulación paralela desconociendo lo ya desarrollado; podemos discrepar de normas vigentes, de manera personal discrepo de muchas, pero el camino son normas de modificación o adecuación. El camino no es creerse que el internet no está regulado o que requiere deshacerse todo lo avanzado por un sentido de ego mal dimensionado.

La labor del Congreso, y por ende de los congresistas, es ayudar a crecer al país, no que retroceda, no desconocer lo hecho por otros, no es la de desconocer acuerdos internacionales; es más preocupante cuando los congresistas se dejan llevar por sus asesores y no son capaces de escuchar a toda una comunidad que les dice que no es correcto lo que hace. La trascendencia va más allá de una ley “adánica”, la transcendencia es ayudar a construir.

Columna de opinión por: Erick Iriarte Ahon, Abogado especialista en derecho digital

Socio Principal de Iriarte & Asociados, CEO de eBIZ Latin

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