Retorno al pasado con la “nueva” política agrícola – Por: Luis Miguel Castilla

Retorno al pasado con la "nueva" política agrícola - Por: Luis Miguel Castilla
Foto referencial: Andina

“El Gobierno debería enfocarse en lograr una mayor asociatividad en el sector agropecuario nacional, enfocada a mejorar la competitividad en el mercado”, afirmó Luis Miguel Castilla, director de Videnza Consultores, en un artículo de opinión publicado en Gestión.

Acortar la brecha urbano-rural sigue siendo un desafío fundamental que debe ser abordado por las autoridades. Sin embargo, el nuevo discurso oficialista tiene un marcado sesgo en contra de la agricultura moderna empresarial a la que le achacan el acaparamiento de las tierras productivas y que han vivido del “rentismo” proveniente de los beneficios laborales y tributarios otorgados por la derogada Ley de Promoción Agraria.  

Esta visión, no obstante, minimiza el aporte de esta actividad al país a través de la ­ generación de divisas, empleo formal, mayores salarios y tributos para el fisco. De hecho, entre el 2004 y el 2019 la productividad laboral del sector agropecuario creció a una tasa promedio de 4.2%, superior al 1.8% registrado en las otras actividades económicas. Esto ­ contribuyó a que el salario promedio en el sector se incremente en 42.1% en dicho periodo.

Además, el incremento de las ­ exportaciones agropecuarias no ­ tradicionales, que se multiplicaron por diez, generó alrededor de 100 mil ­ puestos de trabajo formales por año. 

Reabriendo viejas heridas históricas y lejos de calmar los temores fundados que sienten los ­ inversionistas, el Gobierno promociona una “segunda reforma ­ agraria” como la solución a la pobreza rural y las brechas que existen­ entre la agricultura moderna de los valles costeños y la actividad ­ productiva de subsistencia que­ persiste en la sierra y selva de nuestro país. Recordemos que la ­“primera” reforma agraria marcó un punto de inflexión en el desarrollo productivo del Perú. Entre 1970 y 1980 la producción de los ­ principales 13 cultivos del país se ­ redujo en 18%; mientras que entre 1960 y 1970 la contribución de la GEC productividad al crecimiento del PBI agropecuario fue 66.5%, la­ siguiente década pasó a ser -65%, principalmente por la falta de ­ inversión y rezago tecnológico. ­Asimismo, nuestro país pasó a ser ­deficitario en producción de­ alimentos hasta 1979, aumentó la inseguridad alimentaria.

Esta “segunda reforma agraria” pretende al menos dos cambios ­ estructurales: i) hacer de la ­ agricultura familiar un sustituto a la agricultura moderna de exportación a través de mayores subsidios, ­crédito blando, programas de asistencia técnica, cooperativismo; y ii) limitar el comercio internacional, ­ reponiendo los aranceles ad valorem y medidas para arancelarias, ­ enarbolando banderas de “soberanía alimentaría” con el objetivo de librar al país de competencia desleal ­ externa que tiende a privar al ­ agricultor nacional de un precio justo por su producción, primando una visión autárquica como modelo de ­ desarrollo. El problema central de estos postulados es que no hay país alguno que haya logrado desarrollarse aplicando estas políticas.

Más específicamente, el ­Gobierno aspira a la democratización de la tenencia de la tierra a través de la titulación individual y comunal. Si bien teóricamente la propiedad de un activo como la tierra tendería a viabilizar un mayor financiamiento, uno de los principales cuellos de botella en la mayoría de los ­ emprendimientos agrícolas, existe ­evidencia empírica que muestra que la ­ titulación por sí sola no constituye una condición suficiente para ­acceder a crédito formal. La intención de acompañar esta intervención con financiamiento a través del Agrobanco tampoco garantiza que se mejore la productividad en el uso de la tierra y la generación de ingresos para los agricultores.

Por su parte, la intención de ­ establecer límites a la gran propiedad de la tierra dependerá de que el ­Congreso apruebe una ley, que no ­podría aplicarse retroactivamente. Sin embargo, es probable que el ­Gobierno se vea tentado de renegociar los contratos de concesión de los proyectos de irrigación de la costa para priorizar la asignación de las nuevas hectáreas irrigadas a los ­minifundios en desmedro de la agroindustria de exportación, que requiere una escala mínima para operar. ­Este cambio representaría una ­ oportunidad perdida para más de 70 mil hectáreas de tierras irrigadas.

En materia comercial, el Perú ­tiene vigente desde el 2001 un sistema de franja de precios que busca ­mantener estable el costo de ­ importación de algunos productos transables en el mercado internacional, como es el caso del arroz, maíz ­amarillo, azúcar y leche en polvo. Este mecanismo posee una tasa de ­ protección efectiva, esto es el cambio en el valor agregado respecto de una situación de libre comercio, de entre 30%y 40%. Restituir los aranceles no solo afectarán a los responsables de realizar la actividad de importación, sino también al consumidor final, ya que estos aranceles se traducen de forma ­ directa en precios más altos. En la actual coyuntura de alza de ­precios de insumos importados ­resulta totalmente contraproducente aplicar estas medidas que ­acabarían perjudicando a los segmentos más vulnerables de la población.

Los recientes intentos de aplicar controles de precios a través de cambios constitucionales solo ­suman zozobra y agudizan la ­desconfianza empresarial que se ciñe sobre nuestro país. En lugar de intentar aplicar ­medidas distorsionantes y ­ antitécnicas, el Gobierno debería­ enfocarse en lograr una mayor ­asociatividad en el sector agropecuario nacional, enfocada a mejorar la competitividad en el mercado. ­Esta debiera intentar lograr ­economías de escala para reducir el ­ costo de las compras de insumos, ­establecer colaterales solidarios, mejorar la adopción tecnológica y ampliar las oportunidades de mercado. Experiencias por ­replicarse son las cooperativas con una visión moderna que han ­ surgido en torno al café y el cacao.

Además, se puede lograr una ­ mayor asociatividad a través de la agricultura por contrato que ­ mejore la cadena de proveedores ­entre pequeños agricultores y ­ empresas agroindustriales. La ­ intervención estatal debe seguir la ­lógica de programas como Agroideas, que financia planes de ­ negocios con el objetivo de elevar la competitividad de pequeños y medianos productores agrarios. Este tipo de intervenciones tendría un mayor impacto que revivir prácticas fallidas aplicadas en el pasado que solo pueden condenar al país al retroceso.

Por: Luis Miguel Castilla, director de Videnza Consultores

Artículo de opinión publicado originalmente en la edición impresa del diario Gestión, del miércoles 18 de agosto de 2021

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