Tercerización: Se vienen más efectos nocivos – Por Jorge Toyama

Tercerización: Se vienen más efectos nocivos – Por Jorge Toyama
Foto referencial: Andina

“El gobierno sigue provocando más escenarios para la destrucción del empleo formal”, afirmó Jorge Toyama, socio de Vinatea & Toyama Abogados, en el siguiente artículo de opinión.

A partir del martes 23, el gobierno -a través de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL)- empezará a fiscalizar el cumplimiento de la prohibición de actividades nucleares, aprobada por el D.S. 001-2022-TR. Para concretar ello, acaba de aprobar las multas respectivas relacionadas a la prohibición de tercerizar estas actividades, las mismas que pueden llegar a más de S/ 240,000 en el caso de faltas graves.

Desde su vigencia, la norma ha evidenciado diversos problemas. Primero, un modo nocivo de aprobar normas relevantes mediante decreto supremo, sin diálogo social y al margen del Consejo Nacional del Trabajo (CNT). Este modelo, lamentablemente, se ha repetido al aprobar el reglamento de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo (sindicalización, negociación colectiva y huelgas), donde nuevamente se omitió el diálogo social.

Segundo, se expidió la norma con varias ilegalidades e inconstitucionalidades que han originado diversos procesos judiciales y administrativos que evitarán su aplicación a cerca de 150 empresas, gracias a decisiones judiciales en medidas cautelares (y que siguen aumentando).

Tercero, se generó una gran desconfianza en el sector empresarial que ocasionó el retiro masivo del sector empleador del Consejo Nacional del Trabajo. Y cuarto, se evidenció también incertidumbre sobre la capacidad del Congreso para corregir malas normas del Poder Ejecutivo con grave impacto en el empleo formal.

Lo que viene ahora será un agravamiento de los problemas anteriores dado que la autoridad buscará su cumplimiento mediante la fiscalización y las empresas formales buscarán adecuarse a la norma, tratando de no incurrir en contingencias futuras.

En su mensaje de 28 de julio, el presidente Pedro Castillo mencionó que unos 100 mil trabajadores tercerizados (el total bajo esta modalidad) pasarían a planilla. Eso no es correcto. La norma solo ataca actividades nucleares tercerizadas, por lo que el número de contratados por la empresa principal no excedería del 10% del total.

En tal sentido, vemos las siguientes posibilidades. Un primer grupo (minoritario), incluiría en su planilla a los tercerizados como trabajadores propios, sin embargo, no incluiría necesariamente a los trabajadores administrativos, quienes se quedarían sin empleo. Un segundo grupo son las empresas que han obtenido medidas cautelares en el Poder Judicial y que no están obligadas a cumplir la ley por una sentencia que los protege, por tanto, están protegidas contra la norma y no tendrán impacto en el empleo, por lo menos, en tanto se mantenga la medida cautelar. Y un tercer grupo de empresas (quizá las mayoritarias) quienes sí podrían incurrir en la prohibición, ser acusadas de realizar actividades ilegales, quedándole solo dos alternativas: O seguir incumpliendo la norma (más informalidad) o cerrar, destruyéndose más empleos formales.

En ese contexto, se estima que entre 15 mil a 20 mil puestos de trabajo formales estarían en riesgo de perderse y, en su mayoría, se trataría de posiciones desarrolladas por personas especializadas, especialmente de los sectores minero y construcción, que serían los más afectados al tratase de actividades intensivas en contratación con terceros. Pero no solo el sector privado se afectaría. También el propio Estado se perjudicará pues algunas entidades también tercerizan servicios, lo que podría tener impacto en los servicios públicos.

El gobierno sigue provocando más escenarios para la destrucción del empleo formal. La obsesión debería ser cómo tener más trabajadores en planillas con protección social y reducir el 78% de informalidad laboral que padecemos y que cada día se incrementa más y más.

Artículo de opinión por Jorge Toyama, socio de Vinatea & Toyama Abogados

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