El autor cuestiona la falta de sanciones ante las deficiencias del servicio público y advierte que la impunidad debilita la confianza ciudadana en las autoridades.
Escribe: Luis Fernando Nunes
El Perú tiene un Estado elefantiásico: grande y lento. Hace tres años teníamos un millón quinientos cuarenta y nueve mil servidores públicos bajo distintas modalidades, algunas con muy poca o nula defensa de los derechos laborales de muchos de ellos. Se necesita con urgencia una reforma integral del servicio público, teniendo como norte las recomendaciones de SERVIR (Autoridad Nacional del Servicio Civil). Ojalá el Ejecutivo y el Legislativo, aun con sus diferencias y desencuentros, puedan poner este tema como una de sus prioridades, porque involucra no solo a los servidores, sino también, de manera indirecta, a sus familias.
Pero el servicio público, que algunos de nosotros consideramos como un apostolado y una vocación, sufre lamentablemente una serie de deficiencias que degradan su esencia. Ejemplos sobran como evidencia: geomallas guardadas en un depósito como chatarra por más de dos años; cero ejecución del programa del Vaso de Leche en las zonas pobres del distrito de Asia, que pertenece a la provincia de Cañete; puentes en todo el país sin un adecuado programa de mantenimiento; la zona de Algamarca (el nuevo Pataz), donde ingresan grandes cantidades de insumos químicos para alimentar a los campamentos mineros ilegales, a vista y paciencia de las autoridades policiales y de tránsito que custodian nuestras carreteras; reincidencia en la presunta violación de menores en un ámbito que se suponía vigilado y custodiado por un delito anterior; o la constante corrupción en los penales, donde, a la semana de una requisa inopinada, ya se encuentran de nuevo drogas, dinero y celulares para continuar con la extorsión. La lista sigue larga y vergonzante.
Y la pregunta cae de madura: ¿Quiénes son los responsables de todas estas fallas, que van más allá de lo administrativo y que ya cruzan la línea roja hacia el delito? ¿Y estos elementos han sido sancionados o seguirán en una «ruta de investigación» que nunca llegará a ninguna conclusión, porque un nuevo escándalo hace olvidar el anterior? Nada de nada: siguen en sus cargos. Impunidad, palabra clave. Cualquiera de los temas anteriores mencionados implica responsabilidades que afectan la salud de los niños (caso Vaso de Leche), ponen vidas en peligro por no colocar las geomallas, generan contaminación ambiental en el caso de los insumos químicos, ponen vidas humanas en peligro por puentes que pueden caerse en cualquier momento o suponen hacerse de la vista gorda ante la extorsión desde los penales o los delitos por presunta violación reincidente de menores vulnerables.
Alguna gente se escandaliza de que la presidenta exija orden; realmente lo necesitamos. Esto va más allá de una posición ideológica: es un imperativo para combatir el desgobierno, que ya parece parte de nuestra cultura, algo que hemos normalizado bajo la consigna de «sálvese quien pueda». Hemos ingresado a la ley de la selva y ello no respeta principios ni límites.
Esperemos, entonces, que los irresponsables paguen por sus errores y delitos, y así la ciudadanía pueda volver a confiar en sus autoridades y servidores públicos.
Por Luis Fernando Nunes
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